La mandataria del Tolima, Adriana Magali Matiz, cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional frente a la crisis del sector arrocero y urgió la instalación inmediata de mesas de negociación con los productores afectados, en medio de un paro que mantiene bloqueadas las vías del departamento.
“Tengo que manifestarles que tenemos el departamento del Tolima totalmente bloqueado. Son cuatro puntos que están bloqueados en el sur, en el norte y en el centro del departamento. La situación es muy grave, no solamente en el sector arrocero, sino para todos los sectores”, advirtió la gobernadora, al describir el impacto generalizado de la movilización campesina.
La inconformidad se desató tras la propuesta de la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Xiomara Ortega, quien planteó como solución la expedición de una resolución con un precio mínimo de compra para el arroz. Según Matiz, esta medida es insuficiente, ya que el problema de fondo sigue siendo el incumplimiento de los acuerdos firmados en marzo durante el primer paro del año.
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Comunicado a la Opinión Pública
“Una carga de arroz se está vendiendo hoy en $170.000, cuando los costos de producción ya estaban establecidos desde marzo. El Gobierno no ha cumplido lo pactado: ni los incentivos a la comercialización, ni los alivios de deuda, ni las salvaguardias contra el contrabando, ni los ajustes en la tasa de uso de agua”, puntualizó la mandataria.
La gobernadora también respondió a los señalamientos de la viceministra, quien indicó que las administraciones regionales no han hecho lo suficiente para apoyar al sector. En ese sentido, Matiz destacó las acciones que ha liderado su administración: “Yo difiero totalmente de esa posición de la viceministra, porque tengo que decir que en el departamento del Tolima nosotros suscribimos un convenio con FINAGRO y vamos a llegar con 15.000 millones de pesos para los pequeños y medianos productores: $10.000 millones para los arroceros, única y exclusivamente para ese sector, y $5.000 millones para los demás sectores”, detalló.
Ante la escalada de la crisis, Matiz hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se instale una mesa de negociación en El Espinal y se revisen, punto por punto, los compromisos adquiridos. Aclaró que, sin una reunión previa de coordinación con funcionarios del Ministerio de Agricultura, no será posible avanzar.
“Nosotros estamos pendientes, el día de hoy, de una reunión con funcionarios del Ministerio de Agricultura para poder preparar una reunión que se va a llevar a cabo mañana en el municipio de El Espinal. Pero si hoy no se lleva a cabo esa reunión con los funcionarios del Ministerio, yo tengo que decir que esa reunión de mañana tampoco podrá llevarse a cabo, porque son ellos los que tienen que venir a explicarnos acá cuáles fueron los cumplimientos en esos acuerdos”, concluyó.
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La Personería de Ibagué realizó una jornada de verificación en el asentamiento Villa Resistencia para contrastar la información recopilada sobre las familias que habitan el sector. La actividad se desarrolló como parte de las funciones de vigilancia del Ministerio Público y buscó establecer si los datos utilizados en procesos administrativos reflejan la situación real de la comunidad.
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Durante la visita, encabezada por el personero municipal, Educardo Espinosa, funcionarios recorrieron el asentamiento y sostuvieron encuentros con residentes para revisar aspectos relacionados con la composición de los hogares, condiciones sociales y características de la población asentada en la zona.
Según informó la Personería, la revisión incluyó la identificación de personas que hacen parte de grupos con protección constitucional especial, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población migrante.
“Estamos verificando que la información recopilada refleje la realidad de las familias que habitan este sector, con el fin de velar por la garantía de sus derechos y porque cualquier actuación administrativa se adelante respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, señaló el personero municipal, Educardo Espinosa.
La jornada tuvo como propósito contrastar los registros obtenidos dentro de actuaciones administrativas relacionadas con el asentamiento y establecer si estos corresponden a las condiciones actuales de quienes residen en el lugar.
Villa Resistencia ha sido objeto de diferentes actuaciones institucionales debido a las condiciones de ocupación del terreno y a la situación social de las familias que permanecen allí. En ese contexto, la Personería indicó que continuará realizando seguimiento a los procesos que involucren a la comunidad y mantendrá labores de vigilancia sobre el respeto de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales.
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