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Editorial

Protocolo nacional sobre consumo de drogas en espacios públicos genera rechazo en Ibagué

Según Amaya, este protocolo, recientemente proporcionado por el Gobierno Nacional, no impone obligaciones a las administraciones locales, sino que se limita a ofrecer recomendaciones. En un inesperado giro, el secretario

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Según Amaya, este protocolo, recientemente proporcionado por el Gobierno Nacional, no impone obligaciones a las administraciones locales, sino que se limita a ofrecer recomendaciones.

En un inesperado giro, el secretario de Gobierno de Ibagué, Edward Amaya, ha generado controversia al desafiar la obligatoriedad del protocolo nacional del Ministerio de Justicia, diseñado para regular el consumo de sustancias alucinógenas en espacios públicos.

Desde la Alcaldía de Ibagué, se dieron a conocer los lineamientos que seguirá la nueva administración bajo Johana Aranda en relación con el consumo de sustancias estupefacientes en parques y otros lugares públicos. No obstante, Amaya subrayó que el decreto dejado por la administración anterior provee una herramienta jurídica robusta que excluye áreas específicas para el consumo de estas sustancias, aportando así a una regulación más firme.

Este posicionamiento del secretario de Gobierno también se relaciona con un incidente reciente en un escenario deportivo de la ciudad, donde un miembro de la Sijin, en respuesta a una llamada de la comunidad, intervino en un caso de consumo de drogas. Amaya argumentó que la actividad era legal y necesaria en un lugar destinado a actividades deportivas para niños, enfatizando la importancia de mantener estos espacios libres de conductas perjudiciales.

Además, el secretario de Gobierno volvió a referirse al protocolo nacional, señalando que, aunque no es obligatorio su cumplimiento, muchos de los lineamientos ya han sido adoptados en Ibagué. Afirmó que, en caso de requerir ajustes, la administración estará abierta a realizarlos, pero destacó que la no obligatoriedad del protocolo no implica desinterés por parte de la Alcaldía.

La comunidad ibaguereña, ante este escenario de debate sobre la efectividad y obligatoriedad de las medidas, sigue de cerca el desarrollo de la situación, esperando claridad y coherencia en las decisiones que afectan el manejo del consumo de drogas en espacios públicos de la ciudad.

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