Salen de circulación, distribuidores de droga de la comuna 13 de Ibagué
Con tres capturas fue impactado el grupo delincuencial 'Cancerbero', red dedicada al tráfico de estupefacientes. Las sustancias ilícitas eran comercializadas en la Comuna 13 de Ibagué.
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Por: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Tolima7dias.com.co
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yeison Alejandro Vargas Rincón, Jhon Fredy Tapiero Bocanegra y Juan Felipe Urueña González, presuntos integrantes del grupo delincuencial Cancerbero.
Los procesados serían responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, uso de menores de edad para la comisión de delitos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La organización ilegal es señalada de comercializar sustancias ilícitas en la Comuna 13 de Ibagué (Tolima), especialmente en sectores como La Unión, y en entornos de tres colegios y el Polideportivo Miramar, desde enero de este año.
Bajo la coordinación de una fiscalía especializada de la Unidad Antinarcóticos, con apoyo de la Sijin de la Policía Metropolitana de Ibagué, se llevaron a cabo cuatro diligencias de registro y allanamiento en los barrios Protecho, La Unión y Granada de la capital tolimense.
Durante las diligencias fueron incautadas sustancias como marihuana y bazuco; además de grameras y elementos propios para la dosificación y empaque. Información en poder de la Fiscalía evidenció que la red criminal, al parecer, instrumentalizaba menores para cometer los delitos.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados.
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Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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