Audiencia pública busca una solución a la deuda de $1,2 billones que EPS mantienen con hospitales y clínicas del Tolima
Este viernes a las 8:00 de la mañana se realizará una audiencia pública en el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que participarán de manera conjunta la Gobernación, hospitales públicos, clínicas privadas y especialistas del sector salud. El objetivo es exigir el pago de una deuda que las EPS mantienen con las instituciones del departamento.
Según la gobernadora Adriana Matiz, la cartera asciende a 1,2 billones de pesos: más de 800.000 millones corresponden a hospitales públicos y cerca de 400.000 millones a la red privada. El Hospital Federico Lleras, principal centro de referencia del Tolima, enfrenta una deuda de 240.000 millones de pesos.
Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
Comunicado a la Opinión Pública
La acción popular interpuesta busca que el Tribunal ordene a las EPS el pago de los recursos adeudados y garantice giros oportunos. “Necesitamos que se decrete la medida cautelar y que no se suspenda por apelaciones. Hoy más que nunca, cuando se habla de la liquidación de varias EPS, es urgente una solución”, afirmó Matiz.
Los especialistas del Hospital Federico Lleras también participarán en la audiencia, sumándose al reclamo para que se garantice el derecho a la salud de más de 1,3 millones de afiliados en el Tolima.
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Las ganancias ilícitas superaban los 2.000 millones de pesos anuales
La Fiscalía General de la Nación reveló la existencia de una red que instrumentalizaba a niños y niñas indígenas Embera Katío, algunos menores de cinco años, para prácticas de mendicidad en espacios públicos de Medellín. Ocho personas fueron judicializadas por concierto para delinquir y explotación de menores.
De acuerdo con las investigaciones, la organización obtenía hasta 180 millones de pesos mensuales mediante la reventa de artículos como leche, medicamentos y pañales, que eran solicitados por los menores a turistas nacionales y extranjeros en zonas como el Parque Lleras y Provenza, en El Poblado.
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Comunicado a la Opinión Pública
Los procesados fueron identificados como Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa. Ninguno aceptó los cargos.
El material probatorio, recaudado por un fiscal especializado de la Seccional Medellín con apoyo de la Policía Nacional, permitió establecer que la red habría operado durante al menos dos años, generando más de 2.000 millones de pesos en ganancias ilícitas.
Durante el proceso se logró el restablecimiento de derechos a más de 900 menores de edad, con la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Migración Colombia y autoridades locales. Además, fueron selladas tres farmacias señaladas de participar en la comercialización de los productos recolectados.
El juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los ciudadanos extranjeros, mientras que López Sánchez deberá cumplir detención domiciliaria.
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