Gobernación del Tolima, alcalde de San Luis y productores de limón lograron acuerdo y se levantó el paro que mantenía bloqueada uno de los ejes viales de acceso a la Capital Musical de Colombia. Precios bajos por la venta directa a intermediarios que “pagan como quieren”, uno de los principales problemas que enfrentan las familias cultivadoras del cítrico en el Tolima. Presencia institucional fue clave para avanzar en el acuerdo.
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Por: Oficina de prensa de la Gobernación del Tolima. Tolima7dias.com.co
Varios puntos condensa el acuerdo alcanzado en la tarde del martes entre funcionarios de la Gobernación del Tolima, el alcalde municipal y los cultivadores de limón del municipio de San Luis; que habían decidido bloquear el corredor vial que conecta con Ibagué; ocasionando, en horas previas, trancones monumentales porque las otras vías de acceso a la Capital del Tolima por el sur se encuentran taponadas por el paro arrocero.
“Uno de los aspectos fundamentales fue apoyarlos en los procesos de transformación y darle valor agregado al producto que es el limón, a través de procesos como el aceite, sacar zumo de limón, pectinas, y el gobierno departamental va a hacer la compra de equipos para fortalecer este proceso de valor agregado. El señor alcalde va a colocar el lote donde vamos a hacer todo este proceso de la mano de los productores que le estamos recomendando que se asocien para romper con los problemas que tenemos de comercialización y de intermediación”, explicó Fernando Borja Sánchez, secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima.
Luego, Borja se refirió a otra estrategia de comercialización que es uno de los principales problemas que enfrentan los “limoneros” a la hora de cosechar: “Queremos trabajar en procesos como compras públicas; procesos como la Agencia de Comercialización de Cundinamarca, procesos con Corabastos y poder llevar nuestro producto que es el limón, que es de una excelente calidad, a estos sectores de la economía y por supuesto a otros consumidores. Hoy se compra entre $15 mil y $20 mil el bulto de 125 kilos”.
Otro de los compromisos tiene que ver con la solicitud a la superIndustria para que vigile a intermediarios que pagan a los productores a “como se les da la gana” el cítrico. “Queremos concurrir con los gobiernos de El Guamo y San Luis, para hacer una revisión donde se están haciendo los procesos de almacenamiento, empaque del producto y que sean vigilados y controlados por la la Superintendencia de Industria y Comercio, porque el proceso que se está llevando en el precio está desfavoreciendo a nuestros productores”, explicó Borja.
El acuerdo se logró luego de cinco horas de conversaciones en San Luis a donde concurrieron los secretarios de Desarrollo Agropecuario, Interior y Seguridad, designados por la gobernadora Adriana Magali Matiz; así como el alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta y varios funcionarios de su Gobierno; asimismo, el personero municipal y los voceros y representantes de los productores.
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Los empleadores en Colombia podrían tener la oportunidad de corregir determinados incumplimientos laborales antes de enfrentarse a una sanción administrativa. Así lo establece la Circular 110, expedida el 7 de octubre por el Ministerio del Trabajo, con la que se unifican los criterios de actuación de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social en todo el país.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La disposición, anunciada durante el Día Internacional del Trabajo Decente, busca que las autoridades laborales prioricen la corrección de irregularidades y el cumplimiento efectivo de las obligaciones con los trabajadores, siempre que las circunstancias y la legislación permitan aplicar medidas preventivas.
Sin embargo, la posibilidad de recibir una advertencia no significa que las empresas queden exentas de sanciones. La circular establece condiciones para que los inspectores determinen cuándo procede orientar al empleador y conceder un plazo para subsanar las irregularidades antes de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio.
Uno de los aspectos centrales de la medida está relacionado con el reconocimiento y pago de obligaciones laborales pendientes. Bajo este enfoque, la intervención de los inspectores deberá procurar que los trabajadores reciban los pagos que les correspondan, sin limitar la actuación de las autoridades a la imposición de multas.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que las sanciones económicas no necesariamente resuelven las afectaciones a los empleados.
"Una multa, por sí sola, no garantiza que un trabajador reciba lo que le corresponde", señaló la funcionaria al referirse al propósito de la nueva disposición.
La Circular 110 se fundamenta en los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contemplan funciones de inspección y mecanismos de orientación para garantizar el cumplimiento de las normas laborales.
De acuerdo con el documento, la facultad de advertir y aconsejar deberá ejercerse mediante decisiones motivadas, criterios uniformes y respeto por las garantías legales. Su aplicación dependerá de las características de cada caso y no constituirá una autorización general para incumplir las obligaciones laborales.
La medida tampoco podrá utilizarse en todas las investigaciones. El Ministerio precisó que existen restricciones para los casos relacionados con conductas penalizadas por la ley y las actuaciones asumidas mediante poder preferente.
El lineamiento fue desarrollado desde el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección y la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Además, aclara que la circular no crea nuevas infracciones ni modifica las sanciones previstas en la legislación vigente.
Con estas disposiciones, los inspectores laborales contarán con parámetros comunes para determinar cuándo corresponde realizar una intervención preventiva y cuándo resulta necesario acudir al procedimiento sancionatorio.
En consecuencia, la aplicación de advertencias dependerá de las condiciones legales de cada situación, mientras que las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores continúan siendo exigibles.
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