Envían a prisión a señalados articuladores de red ligada al contrabando
Un juez penal de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas, entre ellas un excandidato al Senado y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, señaladas de integrar una red que habría facilitado operaciones de contrabando vinculadas a Diego Marín Buitrago, conocido como “El Viejo” o “Papá Pitufo”. La decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Los procesados son Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado; el capitán retirado Faudel Luis Salazar Piñeros; y los patrulleros en retiro José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.
Según la investigación, los cinco habrían participado en una red que buscaba facilitar el ingreso irregular de mercancía por puertos del Caribe colombiano. Las autoridades señalan que la estructura establecía contactos con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para evitar controles o asegurar la salida de cargamentos sin la documentación requerida.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización ofrecía pagos mensuales que podían alcanzar los 300 millones de pesos, conocidos dentro del grupo como “cachetadas”, a cambio de permitir el paso de contenedores con textiles, cigarrillos y otros productos.
Las indagaciones indican que Gómez Castro habría gestionado reuniones con funcionarios de diferentes entidades y promovidos acercamientos con uniformados de la POLFA para influir en decisiones relacionadas con el control aduanero. También habría recibido préstamos y vehículos presuntamente utilizados durante actividades políticas.
En el caso de Salazar Piñeros, quien fue jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, la Fiscalía lo vincula con presuntas órdenes a subalternos para permitir la salida de contenedores sin la documentación aduanera completa. Esas mercancías, según el expediente, habrían sido transportadas por vía terrestre hacia diferentes ciudades de Colombia, así como hacia Ecuador y Venezuela.
La investigación también señala que el oficial retirado habría ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido incautada en carreteras del Atlántico y que habría pagado el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo, en Cartagena, para alojar a otro miembro de la presunta red.
Por su parte, Olaya Caicedo habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar uniformados que pudieran colaborar con la estructura. Además, estaría relacionado con la recolección de dinero entre comerciantes de Cartagena para el pago de sobornos y con el traslado de recursos hacia Bogotá destinados a otros funcionarios.
Las autoridades también atribuyen a Édgar Humberto Bacca Suárez un papel en la coordinación del ingreso de mercancía de contrabando —principalmente cacharrería y cigarrillos— por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Según las evidencias presentadas, habría buscado información sobre contenedores que no debían ser inspeccionados y habría entregado dinero a funcionarios vinculados a las operaciones. Entre los registros del caso figura la entrega de 28 millones de pesos al capitán retirado Salazar Piñeros y 10 millones a un intendente que actuaba como agente encubierto.
Finalmente, Juan Miguel Jaramillo Mora, conocido con el alias de “Zorro”, habría sido el encargado de distribuir pagos mensuales a integrantes de la red. La investigación señala que en una ocasión entregó 34 millones de pesos a un uniformado que participaba en la investigación como agente encubierto.
Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. El proceso judicial continúa en etapa investigativa.
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¡La Pola se debe estar revolcando! La trivialización de un símbolo patrio y el olvido de nuestras raíces
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Hay decisiones institucionales que no son simplemente discutibles: son conceptualmente problemáticas. La reciente condecoración con la Orden al Mérito “Policarpa Salavarrieta” a Agatha Ruiz de la Prada, promovida desde la Asamblea del Tolima, es una de ellas. Esta elección no solo es un desatino desde la perspectiva histórica y simbólica, sino que también revela una preocupante desconexión con la identidad y los valores que deberíamos enarbolar en nuestra región.
No se trata de cuestionar la trayectoria artística de la diseñadora ni su impacto en la cultura global. Su trabajo, sin duda, tiene un mérito en su campo. El punto es otro, y es más de fondo: el uso del símbolo. Policarpa Salavarrieta, "La Pola", no representa genéricamente “empoderamiento femenino” ni “éxito internacional” en un sentido comercial o frívolo. Policarpa Salavarrieta, la heroína tolimense, encarna una ruptura histórica con el orden monárquico, una apuesta radical por la soberanía, la libertad y la dignidad. Su vida fue una acción política que, incluso desde un oficio como la costura, se convirtió en insurgencia. Su sacrificio, su valentía y su compromiso con la causa independentista la erigen como un faro de resistencia y un modelo de civismo y patriotismo para Colombia.
Por eso, cuando una asamblea departamental, que debería ser la voz y el sentir de nuestro Tolima, decide otorgar una distinción con ese nombre bajo criterios como la visibilidad global o el éxito creativo, lo que hace no es exaltar a Policarpa, sino diluirla. Se desplaza el sentido del reconocimiento desde un eje ético-político, profundamente arraigado en la historia de nuestra nación y de nuestra región, hacia uno meramente simbólico y decorativo, desprovisto de su esencia revolucionaria. Es un vaciamiento del significado que minimiza la magnitud de su legado.
Y ahí es donde surge la incoherencia: se invoca a una figura que encarna la ruptura con las lógicas aristocráticas y coloniales para premiar trayectorias que se desarrollan —legítimamente, insisto— dentro de circuitos culturales que no cuestionan esas mismas lógicas, sino que conviven con ellas. ¿Qué mensaje estamos enviando a las nuevas generaciones cuando trivializamos la memoria de quienes dieron su vida por nuestra libertad? ¿Estamos acaso sugiriendo que el mérito de una heroína como La Pola es equiparable al éxito en el ámbito de la moda global, por más meritorio que este sea en su propio contexto?
Más que un homenaje, esto parece un uso instrumental de la memoria histórica. Y cuando las instituciones trivializan sus propios símbolos, lo que está en juego no es un nombre en una medalla, sino la coherencia misma del lenguaje público y, aún más grave, la comprensión de nuestra propia historia y de la herencia que debemos preservar. Es un acto que, lejos de enaltecer, desdibuja la importancia de figuras locales y nacionales que son el verdadero cimiento de nuestra identidad. ¿Acaso no existen en el Tolima mujeres, líderes sociales, artistas, científicas, empresarias, deportistas o activistas que, con su trabajo y dedicación, encarnan los valores de lucha, resiliencia y empoderamiento que Policarpa Salavarrieta representó y sigue representando para nuestra tierra? ¿No hay talentos locales y regionales cuya trayectoria merece ser visibilizada y exaltada con un reconocimiento que lleve el nombre de nuestra heroína tolimense?
Como activista y defensor de derechos humanos, creo firmemente en la importancia de mantener viva la memoria histórica y de reconocer a quienes, desde sus trincheras, contribuyen al progreso social y a la defensa de la dignidad. La Asamblea del Tolima tiene la oportunidad y el deber de promover a nuestros talentos, de visibilizar a nuestras figuras, y de fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo por lo nuestro. Un reconocimiento como la Orden “Policarpa Salavarrieta” debería ser un tributo a quienes, con su vida y obra, reflejan el espíritu de La Pola: valentía, compromiso con la libertad, y amor inquebrantable por nuestra tierra. Es hora de volver la mirada hacia adentro, hacia el Tolima, y honrar a quienes verdaderamente merecen llevar el estandarte de nuestra heroína.
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