Un juez penal de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas, entre ellas un excandidato al Senado y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, señaladas de integrar una red que habría facilitado operaciones de contrabando vinculadas a Diego Marín Buitrago, conocido como “El Viejo” o “Papá Pitufo”. La decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Los procesados son Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado; el capitán retirado Faudel Luis Salazar Piñeros; y los patrulleros en retiro José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.
Según la investigación, los cinco habrían participado en una red que buscaba facilitar el ingreso irregular de mercancía por puertos del Caribe colombiano. Las autoridades señalan que la estructura establecía contactos con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para evitar controles o asegurar la salida de cargamentos sin la documentación requerida.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización ofrecía pagos mensuales que podían alcanzar los 300 millones de pesos, conocidos dentro del grupo como “cachetadas”, a cambio de permitir el paso de contenedores con textiles, cigarrillos y otros productos.
Las indagaciones indican que Gómez Castro habría gestionado reuniones con funcionarios de diferentes entidades y promovidos acercamientos con uniformados de la POLFA para influir en decisiones relacionadas con el control aduanero. También habría recibido préstamos y vehículos presuntamente utilizados durante actividades políticas.
En el caso de Salazar Piñeros, quien fue jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, la Fiscalía lo vincula con presuntas órdenes a subalternos para permitir la salida de contenedores sin la documentación aduanera completa. Esas mercancías, según el expediente, habrían sido transportadas por vía terrestre hacia diferentes ciudades de Colombia, así como hacia Ecuador y Venezuela.
La investigación también señala que el oficial retirado habría ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido incautada en carreteras del Atlántico y que habría pagado el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo, en Cartagena, para alojar a otro miembro de la presunta red.
Por su parte, Olaya Caicedo habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar uniformados que pudieran colaborar con la estructura. Además, estaría relacionado con la recolección de dinero entre comerciantes de Cartagena para el pago de sobornos y con el traslado de recursos hacia Bogotá destinados a otros funcionarios.
Las autoridades también atribuyen a Édgar Humberto Bacca Suárez un papel en la coordinación del ingreso de mercancía de contrabando —principalmente cacharrería y cigarrillos— por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Según las evidencias presentadas, habría buscado información sobre contenedores que no debían ser inspeccionados y habría entregado dinero a funcionarios vinculados a las operaciones. Entre los registros del caso figura la entrega de 28 millones de pesos al capitán retirado Salazar Piñeros y 10 millones a un intendente que actuaba como agente encubierto.
Finalmente, Juan Miguel Jaramillo Mora, conocido con el alias de “Zorro”, habría sido el encargado de distribuir pagos mensuales a integrantes de la red. La investigación señala que en una ocasión entregó 34 millones de pesos a un uniformado que participaba en la investigación como agente encubierto.
Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. El proceso judicial continúa en etapa investigativa.
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Un vehículo reportado como robado en Bogotá fue encontrado abandonado con 224 kilos de marihuana en su interior en la vía nacional a la altura del municipio de Cajamarca, Tolima. El hallazgo ocurrió durante labores de patrullaje y control realizadas por la Policía en el sector conocido como la zona de restaurantes, a la salida del casco urbano del municipio.
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El procedimiento se registró cuando uniformados que realizaban verificaciones de rutina observaron un vehículo estacionado a un costado de la carretera. Al consultar los antecedentes del automotor, un Fiat modelo 2023, confirmaron que tenía un requerimiento judicial vigente por hurto tras haber sido reportado como robado en Bogotá el 16 de mayo de 2025.
Según información entregada por habitantes del sector, el carro llevaba cerca de una hora parqueado en el lugar antes de que fuera inspeccionado por las autoridades.
Durante la revisión del vehículo, los agentes encontraron 40 paquetes que contenían marihuana, con un peso aproximado de 224.000 gramos. La sustancia fue incautada de inmediato junto con el automotor, cuyo valor comercial se estima en cerca de 60 millones de pesos.
Las primeras indagaciones apuntan a que el vehículo habría salido del departamento del Cauca. Dentro del automóvil también fueron hallados tiquetes de peaje que ahora forman parte del proceso investigativo.
Las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el corredor vial para tratar de identificar al conductor que transportaba el cargamento y establecer la ruta exacta del estupefaciente.
El vehículo recuperado y la marihuana incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso judicial.
El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Edgar Fernando López González, señaló que los operativos en las vías del área metropolitana continuarán. “Continuaremos intensificando los controles y operativos en los corredores viales del área metropolitana con el fin de contrarrestar el tráfico de estupefacientes y debilitar las estructuras criminales que pretenden utilizar estas rutas para sus actividades ilícitas”, afirmó.
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