Se informa sobre ocho acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional de Colombia contra la Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total.
El magistrado
Jorge Ibáñez está a cargo de una de estas demandas, y recientemente se dio a conocer una ponencia para que la Corte tumbe la ley.La primera demanda fue presentada por
Jorge Pava Quiceno, quien solicitó que se declararan inconstitucionales tres apartes específicos de la ley. Según sus argumentos, durante el trámite del proyecto en el Congreso se violaron principios fundamentales como la consecutividad e identidad flexible. Pava también argumentó que la posibilidad de negociar con disidentes de acuerdos de paz anteriores, establecida en el artículo 2 de la ley, no fue debatida adecuadamente en las sesiones conjuntas de
Cámara y Senado. Además, señaló que el artículo 12 y el artículo 18 fueron agregados de manera inconexa durante el debate en la plenaria de la Cámara.
La Corte admitió la demanda en diciembre del año pasado, pero negó la solicitud de suspender los efectos del artículo 2 mientras tomaba una decisión.
El Auto 272, que rechazó la medida cautelar, aún no está disponible para el público.
Hasta el momento, la Corte ha recibido 24 intervenciones y conceptos de ciudadanos y entidades, incluyendo uno de la Procuraduría que pide la declaración de inconstitucionalidad de toda la norma. Sin embargo, debido a una circular emitida por la presidencia de la Corte, los términos de los procesos de inconstitucionalidad están suspendidos hasta el 10 de julio debido a la retirada de la
secretaria general, Martha Sáchica.
Las decisiones de la Corte sobre estas demandas serán relevantes para el futuro de la Ley de Paz Total y los proyectos y reformas relacionados con el proceso de paz en Colombia.
La ley más demandada de Petro
La ley continúa con más demandas presentadas contra la Ley de Paz Total.
Erick Yanfred Rojas Ortega demandó toda la ley y también solicitó que se declararan inexequibles los dos primeros párrafos del artículo 5. Además, pidió que se tumbara el Decreto 2422 del año pasado, que creó la Comisión Intersectorial para la
Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana. Sin embargo, la Corte rechazó la demanda debido a que su argumentación no fue clara y la competencia de la Corte se limita principalmente a leyes.Cuatro miembros del Congreso también presentaron demandas contra la Ley 2272. El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui del Centro Democrático presentó una demanda, pero fue rechazada inicialmente por falta de claridad en sus argumentos. Posteriormente, corrigió su demanda y la Corte la aceptó. Las senadoras
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín también presentaron demandas solicitando la eliminación de diferentes artículos de la ley. El senador Carlos Fernando Motoa presentó su propia demanda, que fue unida al expediente de las congresistas. Estas demandas fueron rechazadas y corregidas, y aún se espera la decisión final.
Además de las demandas de los congresistas, el abogado
Javier Ortiz Muñoz presentó una demanda contra el artículo 12 de la ley, argumentando que el Congreso estaba prolongando la vigencia de artículos previamente declarados inconstitucionales. Por último, tres ciudadanas y un ciudadano de la Fundación Universitaria San Mateo presentaron una demanda contra el artículo 5 de la ley, pero su escrito fue rechazado por falta de claridad en los argumentos.
Hasta la fecha de la noticia, no se han tomado decisiones definitivas sobre estas demandas, y algunos expedientes están pendientes debido a la suspensión de términos por la circular emitida por la Corte. El futuro de la Ley de Paz Total sigue siendo incierto debido a estas múltiples acciones de inconstitucionalidad.