Seis personas fueron judicializadas señaladas de integrar una red que presuntamente fabricaba huellas dactilares de látex y documentos falsos para suplantar identidades y tramitar créditos de manera fraudulenta en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la estructura habría cometido al menos 25 hechos delictivos con los que obtuvo cerca de 274 millones de pesos.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Los procesados fueron identificados como Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales. De acuerdo con las autoridades judiciales, los señalados cumplían distintos roles dentro de la organización, desde la obtención de datos personales de las víctimas hasta la manipulación de registros dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con esta información, presuntamente elaboraban moldes de huellas en látex y cédulas de ciudadanía falsas con fotografías de los integrantes de la red. La estrategia buscaba superar los sistemas de verificación biométrica de entidades financieras y así gestionar tarjetas de crédito y otros productos bancarios a nombre de terceros.
La investigación también señala que Lina María Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en una entidad bancaria, habría facilitado la aprobación de solicitudes dentro del sistema financiero. Con esos productos, los implicados presuntamente realizaban compras, retiros de dinero y avances en cajeros automáticos.
“Los procesados habrían participado en la obtención de información personal y en la elaboración de elementos que permitían suplantar identidades para acceder a servicios financieros”, indicó la Fiscalía durante la audiencia.
Una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima imputó a los seis investigados los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada uno.
Cuatro de los señalados aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías ordenó para todos los procesados medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.
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