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Federico Lleras, se convertirá en Hospital Universitario, estás serán las ventajas

Federico Lleras, se convertirá en Hospital Universitario, estás serán las ventajas
15 de Jan, 2025






El Tolima avanza en la implementación de especialidades médicas, particularmente, las relacionadas con tratamientos  oncológicos. Una reunión presidida por la gobernadora del Departamento también avanzó en el desafió de convertir al Hospital Federico Lleras Acosta en hospital universitario.

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Por: Oficina de Prensa de la Gobernación del Tolima. Tolima7dias.com.co

Un encuentro entre la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, las directivas de la Universidad del Tolima y  de la  Clínica Internacional de Alta Tecnología en Cáncer Clinaltec, permitió trazar una hoja de ruta que se traducirá en la firma de un convenio marco para avanzar en la implementación de especialidades médicas en el Departamento.

De igual manera, se avanzó en la propuesta de convertir al  Federico Lleras Acosta en un hospital universitario. En ese sentido, las instituciones han avanzado en la presentación de la propuesta ante el Ministerio de Educación Nacional que posibilite  la certificación con la cual estudiantes tanto de la Universidad del Tolima así como de otros centros de formación superior podrán adelantar sus prácticas en el máximo centro hospitalario de los tolimenses.

“Venimos haciendo un trabajo continuo y permanente para que el Federico Lleras Acosta pase a ser hospital universitario. Además, que logremos ofrecer desde la ciudad de Ibagué las diferentes especialidades en el campo de la medicina. Por eso hablamos con Clinaltec para trabajar en subespecialidades como Cirugía Reconstructiva, Cirugía Reconstructiva de Cara y Cuello y Cirugía Plástica y Oncológica que tanto se necesitan en el Departamento donde tenemos una de las tasas más altas de cáncer de seno y de cuello uterino. Vamos a firmar un convenio tripartito entre la Universidad del Tolima, Clinaltec y la Gobernación del Tolima para trabajar en esos trámites administrativos que se requieren ante el Ministerio de Educación y lograr el registro de esas especialidades en medicina”, explicó la mandataria de los tolimenses.

Para el rector de la Universidad del Tolima, Ómar Mejía Patiño, durante el encuentro de hoy se avanzó en la implementación de las especialidades médicas que necesita la región y el país. “Es muy importante este encuentro. Le contamos a la presidenta del Consejo Superior de nuestra universidad los avances que hemos tenido en todas las especialidades médicas. Ya  radicamos ante el Ministerio de Educación la propuesta de especialidad en medicina interna; estamos trabajando en la especialidad de cirugía y tenemos la tarea de trabajar con todo el sistema de salud para desarrollar otras especialidades en el campo de la medicina”.

A su turno, Diana Lorena Giraldo, gerente de Investigación y Docencia de Clinaltec, dijo que la reunión buscó “impulsar al departamento en todos los temas de salud y sobre todo en docencia. Así mismo, pretendemos innovar con especializaciones médicas que no existen en el país. El ideal del convenio es recibir estudiantes de  las diferentes instituciones para especializaciones oncológicas”.

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Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co

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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.

La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.

El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.

Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.

Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.

La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.

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