La relación del asesinato del Vergel en Ibagué, con altos directivos de la Fiscalía
Alguien de la alta esfera del bunker de la Fiscalía sede Ibagué, no está interesado que se escarbe dentro del proceso que rodeo el asesinato de una persona al lado de la iglesia del exclusivo sector del Vergel, de la capital del Tolima, el 23 de junio del 2024. Todo porque al parecer un funcionario del ente acusador, familiar de funcionario poderoso de ese organismo, estaría muy ligado a la víctima, y negocios 'Non sanctos" historia exclusiva de Tolima7dias.com.co
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Por: Editor General. Tolima7dias.com.co
La historia
El pasado 23 de junio del 2024 en pleno desarrollo del festival Folclórico Colombiano en Ibagué, un hecho de sangre perturbo la tranquilidad de la ciudad al conocer qué en el sector exclusivo estrato seis del Vergel, frente a la iglesia de esa zona, un sicario asesinó a Rubén Mauricio Villarraga Acosta, un comerciante de 34 años oriundo de Purificación Tolima, de quien inicialmente se conoció que era un empresario que se encontraba por el lugar antes mencionado a bordo de una camioneta Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, color azul, de placas NNY 655, matriculado en Chía avaluada en 325 millones de pesos, la cual registraba impactos de bala en el vidrio de la puerta izquierda que impactaron de manera inmediata al conductor acabando con su vida.
Posteriormente se conoció que el fallecido tenía denuncias por varios delitos como estafa, falsedad ideológica en documento público, falsedad marcaria y por violación de habitación ajena. Así lo confirmaron fuentes locales. El proceso más reciente estaba en el juzgado 03 penal del circuito con función de conocimiento de Ibagué por estafa y la última actuación fue el 10 de mayo del 2024.
El asesinado Rubén Mauricio Villarraga Acosta, tenía una empresa en Cali dedicada a la explotación mixta agrícola y pecuaria y al comercio al por menor realizado a través de Internet.
Lo que no se conoce:
Hasta aquí la historia que se conoció públicamente, pero en exclusiva Tolima7dias.com.co Sabe lo que dice como portal de noticias conoció de manera exclusiva apartes de la investigación que se adelantó pero que se encuentra estancada porqué dentro de la misma aparecen implicados personas muy poderosas al interior de la Fiscalía en el Tolima.
Según pudo establecer este medio de comunicación digital con fuentes humanas, dentro del expediente que se adelantó para esclarecer los autores de la muerte de Rubén Mauricio Villarraga, apareció el nombre de un asistente de despacho de fiscal, como uno de los hombres más cercanos del asesinado, es más el funcionario de la Fiscalía andaba en carros lujosos inclusive uno de la misma marca donde se movilizaba Villarraga, al momento que acabaron con su vida. Se supo al mismo tiempo que sus compañeros en el ente acusador se preguntaban de donde sacaba este funcionario para darse esos lujos.
Cuando investigadores del caso trataron de llegar al fondo de los nexos reales qué tenía Rubén Mauricio, con el asistente de fiscal, se encontraron con una verdadera pared, porque resulta que la mamá del señalado sería una fiscal, y el padrastro del joven señalado, resultó que también trabaja en la Fiscalía pero en un alto cargo nivel jefe con mucho poder al interior del bunker del ente acusador, y por eso el proceso nunca pudo avanzar, debido a que el asistente de despacho de fiscal se volvió intocable.
El proceso se encuentra detendido porqué no han podido obtener la versión del asistente de fiscal, del porqué aparece como una de las personas de confianza, con el que habría tenido inclusive algunos negocios, o que al parecer seria el dueño de los vehículos donde andaba el funcionario de la Fiscalía.
Y es que según fuentes humanas consultadas por este medio digital de comunicación, si se llega a comprobar los nexos del asistente de fiscal con el cuestionado hombre asesinado en el barrio el Vergel en junio del año pasado, no solo él tendría que salir de la institución, también su señora madre que es fiscal, y su padrastro porque es de un cargo de jefatura y mando, poder que habría utilizado para desviar la investigación qué trata de exclarecer el asesinato de Rubén Mauricio Villarraga Acosta.
Desde Ibagué, se está pidiendo que una comisión de la oficina de control interno de la Fiscalía General de la Nación, para qué verifique el caso, porque este podría ser un hecho de corrupción al interior del ente acusador con sede en el Tolima.
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Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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