Periodista asesinado denunció robo de 50 millones de pesos, antes de morir
El periodista se había hecho notorio en la región por sus denuncias de posibles irregularidades en contratos públicos. Las amenazas en su contra eran tan graves, que estaba por recibir la guía de una organización que se dedica a contar las historias de periodistas asesinados o encarcelados.
El pasado 30 de septiembre fue la última publicación de Rafael Emiro Moreno como opinador consagrado en Voces de Córdoba, un medio de comunicación fundado por él y con más de 40.000 seguidores en la región.
Si bien los sucesos de los pequeños municipios cordobeses suelen escaparse de los titulares de la prensa nacional, Moreno sentía una deuda ética y profesional con sus seguidores.
Última denuncia del periodista asesinado Rafael Emiro Moreno
A ellos [sus seguidores] les contó, ese día, cómo las autoridades de Puerto Libertador se habrían gastado $ 1.000 millones en un contrato de transporte escolar por solo 50 días. Dos semanas más tarde, lo asesinaron en Montelíbano, luego de que denunciara varias amenazas.
“Si tú denuncias algo que está mal, entonces tú eres extorsionista. El día de transporte escolar estaba costando un promedio de $ 19 millones diarios”, explicaba Moreno en el video que publicó en sus redes sociales, su formato y su canal habitual, desde donde sacaba a la luz contratos públicos, decisiones judiciales y sucesos del sur de Córdoba.
Sus denuncias ahora han recibido más atención, luego de que fuera baleado por sicarios en un restaurante de su propiedad . El hecho también encendió las alarmas de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), pues recordó que denunciar en las regiones donde el Estado está ausente, y sin garantías de seguridad, puede ser mortal.
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Rafael Moreno estudió algunos semestres de derecho, estuvo siempre muy cerca de la política y, hace unos cuatro años, sus denuncias comenzaron a tener más visibilidad. Según fuentes de la región, fue por una entrevista que dio a Los Informantes, de Caracol Televisión, sobre la grave situación de la cárcel Las Mercedes, en Montería, que había llevado a que los internos iniciaran una huelga de hambre, tal y como había hecho por esos días el disidente de las Farc Jesús Santrich. Le contó a la periodista María del Rosario Arrázola: “Dicen que el arroz huele a cucaracha y sabe peor de lo que huele. Ahí no más empieza la huelga: no la como porque me va a afectar”.
Fundó Voces de Córdoba y, desde allí, comenzó a denunciar con nombre propio a varios funcionarios regionales y hasta congresistas. “Así tiene Orlando Farándula a Montelíbano, es una vergüenza”, escribió en Twitter el 2 de septiembre, acompañando un video que mostraba las inundaciones en el municipio e interpelando a Orlando Benítez, gobernador de Córdoba. Días más tarde, también en un tuit, había denunciado con imágenes la supuesta existencia de “una cantera ilegal en el patio de la hacienda del representante Andrés Calle y el ‘jefe de gabinete’ del ministro del Interior, Gabriel Calle”.
“Rafael era un periodista que de manera regular y constante publicaba informaciones relacionadas con la administración local”, le dijo a este diario Jonathan Bock, director de la Flip. La organización venía acompañando el caso hace varios años y documentó que Moreno había recibido amenazas, al menos desde 2019, en las que se hacía referencia explícita a sus publicaciones. Por eso piden que en la investigación del homicidio se agote a fondo si tuvo en algo que ver su labor periodística. “Teniendo en cuenta los antecedentes y su actividad periodística, le solicitamos a la Fiscalía que investigue el caso relacionando el crimen con su trabajo”, añadió Bock.
Las amenazas se arreciaron entre finales de 2021 y este año. Ya Moreno contaba con un esquema de seguridad, que consistía en un escolta, un chaleco antibalas y un botón de pánico. Sin embargo, la Flip y otras organizaciones le habían pedido a la Unidad Nacional de Protección que aumentara estas medidas, solicitud que fue negada. Bock explica así lo difícil que es tener un esquema de esas características: “Cuando tienes un solo hombre, hay muchos momentos en que los protegidos quedan sin esa protección, porque les dan permiso o les dan descanso. Eso muestra la deficiencia en los medios de protección, teniendo en cuenta el riesgo que era claro que tenía el periodista”.
Cárcel para dos señalados de almacenar drogas y municiones
La justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos personas señaladas de almacenar estupefacientes y municiones en el municipio de Honda, Tolima. La decisión fue adoptada por un juez de control de garantías tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, luego de un operativo realizado en varios sectores de la población.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Los procesados fueron identificados como Michell Esneider Charry Areiza, conocido como alias “Cacaito”, y Cristina Estiven Ríos Casallas, alias “Chiqui”. De acuerdo con la investigación, ambos estarían presuntamente vinculados con actividades relacionadas con el tráfico local de sustancias ilícitas.
Una fiscal adscrita a la Seccional Tolima les imputó, según la responsabilidad individual atribuida a cada uno, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente investigador.
Según la información presentada durante las audiencias, los investigados presuntamente desarrollaban actividades de expendio de sustancias alucinógenas en los barrios Panchigua, Pacho Malo, El Caucho y Cascajal, sectores donde las autoridades concentraron parte de las labores investigativas.
Las capturas se produjeron durante tres diligencias de allanamiento y registro ejecutadas en los barrios Panchigua y Pacho Malo. En el procedimiento participaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.
Durante los operativos, las autoridades reportaron la incautación de varias dosis de cocaína, marihuana y tusi, además de una balanza digital, bolsas con cierre hermético utilizadas presuntamente para la dosificación de sustancias, 11 cartuchos calibre .22 y varios teléfonos celulares.
El proceso judicial continúa mientras avanzan las etapas correspondientes para determinar la responsabilidad de los implicados en los hechos investigados.
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