El congresista del Partido Conservador calificó la iniciativa del Gobierno como una “concesión a los ilegales” dentro de la política de Paz Total
En una intervención marcada por fuertes críticas, el senador Óscar Barreto rechazó el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que impulsa el Gobierno Nacional, al considerar que abre la puerta a la legalización del dinero del narcotráfico bajo el argumento de la “Paz Total”.
El legislador conservador denunció que el articulado permitiría a miembros de estructuras criminales conservar hasta el 12 % de su patrimonio ilícito si deciden desmovilizarse y colaborar con las autoridades. “Hay un artículo que autoriza al Presidente para que quien se desmovilice, incluso desde prácticas de narcotráfico o delitos de lesa humanidad, pueda legalizar hasta el 12 % de su patrimonio. Eso es un lavado de activos, obvio. Yo no voy a votar por un lavado de activos para complacer al Presidente ni para hacerle concesiones a los ilegales con la famosa Paz Total”, afirmó Barreto.
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Comunicado a la Opinión Pública
El proyecto, presentado por el Ministerio de Justicia, busca establecer un marco legal para el sometimiento colectivo de organizaciones criminales a la justicia ordinaria. Según versiones conocidas, los desmovilizados podrían conservar un porcentaje de sus bienes siempre que entreguen información, colaboren con las autoridades y reparen a las víctimas.
Barreto sostuvo que la propuesta socava los principios de legalidad y justicia, al otorgar beneficios desproporcionados a criminales sin una presión efectiva del Estado. “Estoy de acuerdo con la necesidad de negociar, pero primero debe haber presión. No puede ser que hoy la ilegalidad le imponga condiciones a la legalidad. Así no funciona ningún proceso en el mundo”, señaló.
El senador también lanzó críticas directas a la política de seguridad del Gobierno. “Los actores ilegales hoy hacen lo que se les da la gana. Este es el gobierno del ‘cada uno hace lo que quiere’. No hay control. Yo sí tengo principios, y tengo la claridad de que debo defender a mi país”, enfatizó.
El proyecto de sometimiento continúa su trámite en el Congreso en medio de un ambiente polarizado. Mientras el Ejecutivo lo presenta como un paso hacia el desmantelamiento de estructuras criminales, opositores como Barreto advierten que podría derivar en impunidad y blanqueo de capitales bajo el sello de la paz.
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Personería revisa datos de familias en Villa Resistencia
La Personería de Ibagué realizó una jornada de verificación en el asentamiento Villa Resistencia para contrastar la información recopilada sobre las familias que habitan el sector. La actividad se desarrolló como parte de las funciones de vigilancia del Ministerio Público y buscó establecer si los datos utilizados en procesos administrativos reflejan la situación real de la comunidad.
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Durante la visita, encabezada por el personero municipal, Educardo Espinosa, funcionarios recorrieron el asentamiento y sostuvieron encuentros con residentes para revisar aspectos relacionados con la composición de los hogares, condiciones sociales y características de la población asentada en la zona.
Según informó la Personería, la revisión incluyó la identificación de personas que hacen parte de grupos con protección constitucional especial, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población migrante.
“Estamos verificando que la información recopilada refleje la realidad de las familias que habitan este sector, con el fin de velar por la garantía de sus derechos y porque cualquier actuación administrativa se adelante respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, señaló el personero municipal, Educardo Espinosa.
La jornada tuvo como propósito contrastar los registros obtenidos dentro de actuaciones administrativas relacionadas con el asentamiento y establecer si estos corresponden a las condiciones actuales de quienes residen en el lugar.
Villa Resistencia ha sido objeto de diferentes actuaciones institucionales debido a las condiciones de ocupación del terreno y a la situación social de las familias que permanecen allí. En ese contexto, la Personería indicó que continuará realizando seguimiento a los procesos que involucren a la comunidad y mantendrá labores de vigilancia sobre el respeto de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales.
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