Allí, le comunica al chofer que lo lleve al destino antes mencionado. De manera que se escoge la Av. Inca Garcilaso de la Vega (ex Wilson) como la opción más directa para llegar. Todo aparentemente estaba saliendo de acuerdo al plan. Pero en paralelo se estaba realizando una reunión en la Comandancia General de la PNP que lo cambió todo.
Según fuentes de 'El Comercio', luego de dar su mensaje y de anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, Castillo se comunicó con el comandante general de la PNP Raúl Alfaro (quien se encuentra de licencia por razones médicas) en busca de respaldo. Alfaro le respondió que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que su postura estaba con la preservación del orden constitucional.
Pedro Castillo, expresidente de Perú, durante su detención. Foto: EFE/ Oficina De Administración De Justicia[/caption]En simultáneo, las mismas fuentes en el sector, indican que Willy Huerta, ahora exministro del Interior, llamó al jefe del Estado Mayor de la PNP, Vicente Álvarez, quien estaba a cargo de la jefatura de la PNP en reemplazo de Alfaro, para que autorizara el ingreso de manifestantes a la Plaza de Armas porque Castillo quería dar un mensaje. Tampoco obtuvo una respuesta afirmativa.
De acuerdo con las fuentes, Alfaro convocó al Alto Mando de la PNP para decidir la postura institucional frente al golpe de Estado que se estaba perpetrando. Álvarez y el inspector general de la PNP Segundo Mejía se sumaron a la posición de no respaldar lo dispuesto por el entonces presidente y, además, se concluyó que estaba actuando en flagrancia (delito de rebelión) al ordenar el cierre del Congreso.
La decisión había sido tomada: Castillo debía ser detenido y quienes lo iban a hacer era el personal de Seguridad del Estado, es decir, su escolta, que estaba con él en ese momento. Se le comunicó el hecho, según las fuentes, al general PNP Iván Lizzetti, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, quien le solicitó a su personal que le informe sobre la ubicación del entonces presidente.
Ex presidente Pedro Castillo- Llevado detenido por su escolta hacia la prisión de Diores - FOTO: EFE[/caption]Mientras tanto, el Equipo Especial de la PNP ya manejaba la versión de la intención que tenía Castillo de recluirse en una embajada. Los coroneles PNP Walter Lozano (Bica) y Harvey Colchado (René) decidieron tomar acción. A manera de precaución, Lozano y su equipo fueron a la Embajada de México y Colchado a la de Cuba.
Los dos estaban decididos en arrestar a Castillo porque sabían que había incurrido en flagrancia en delito de rebelión. Además, tenían conocimiento de que el ahora exmandatario había sacado de Palacio a su familia y todo apuntaba de que lo que se buscaba era el asilo o fugarse del país.
Al tiempo que todo esto ocurría, en la Av. Inca Garcilazo de la Vega, antes de llegar al cruce con la Av. España, el chofer recibe la orden de proceder con la detención, según las fuentes policiales. Para sorpresa de Castillo, la camioneta gris de lunas polarizadas que lo llevaba se detuvo al frente de la Clínica Internacional y, junto con personal de la Subunidad de Acciones Tácticas, se ejecutó el arresto y se procedió a llevarlo a la sede de la Prefectura de Lima donde queda la sede de la Región Policial de la capital.
Casi en simultáneo, el pleno del Congreso aprobaba la vacancia de Castillo con 101 votos a favor. No habían pasado ni dos horas desde que anunció su golpe de Estado y ya el entonces presidente pasó a calidad de detenido por rebelión.
Una operación coordinada entre autoridades colombianas e internacionales permitió desarticular en Ibagué una organización señalada de estafar a ciudadanos de siete países mediante falsas ofertas de visas para Estados Unidos. Durante el operativo fueron capturadas cinco personas, se realizaron tres allanamientos y fueron intervenidos dos centros clandestinos desde donde, según la investigación, se ejecutaban fraudes apoyados en herramientas de inteligencia artificial.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
De acuerdo con la información entregada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), la estructura utilizaba redes sociales para atraer víctimas en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú, prometiendo supuestos beneficios migratorios y trámites de residencia permanente que no existían.
Las autoridades sostienen que la organización operaba desde dos viviendas acondicionadas como centros de llamadas clandestinos. Allí, los presuntos integrantes mantenían contacto con las víctimas mediante llamadas telefónicas, videollamadas y aplicaciones de mensajería, simulando ser funcionarios de consulados y entidades del gobierno estadounidense.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación fue el uso de inteligencia artificial para fortalecer el engaño. Según la DIJIN, los implicados empleaban tecnología DeepFace para modificar su apariencia y acento durante videollamadas, además de herramientas para clonar voces, automatizar conversaciones mediante chatbots y generar contenidos personalizados que hacían más creíbles las falsas asesorías migratorias.
"Mediante la modalidad de DeepFace alteraban sus rostros y acentos durante las videollamadas, logrando suplantar con alta fidelidad a funcionarios consulares y miembros de agencias gubernamentales estadounidenses. Para captar a sus víctimas, la red criminal había diseñado y administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales", señaló el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL.
Durante los allanamientos fueron incautados 105 elementos de prueba, entre ellos más de 330.000 dólares falsos, 13 millones de pesos en efectivo, dos cheques falsificados del Bank of America por un valor conjunto de 430.000 dólares, 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta digital y una cámara de video.
Las autoridades también reportaron el decomiso de nueve documentos gubernamentales falsos de Estados Unidos, documentación migratoria, guías con cuestionarios, libretas con información relacionada con la operación, banderas, escudos, emblemas, una toga con insignias del gobierno estadounidense, un uniforme falso de la agencia HSI y 17 bloques de marihuana con un peso de 9.180 gramos.
En el procedimiento fueron capturados en flagrancia Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz, señalados de integrar la organización. Tres de ellos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas. La Fiscalía les imputó cargos por presunta violación de datos personales, falsedad personal agravada por el uso de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Respecto de los otros dos capturados, las autoridades informaron la imposición de medidas administrativas.
La operación fue desarrollada por la DIJIN en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Centro Americano Contra el Cibercrimen de AMERIPOL y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), como parte de una investigación relacionada con delitos informáticos y fraude transnacional.
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