La revelación la hizo la gobernadora Adriana Matiz quien se lamentó de la crisis que enfrentan varios centros hospitalarios por la falta de pago de recursos por parte de entidades a las que ya se le prestaron servicios. Las deudas superan los $600 mil millones.
A través de una acción judicial, el Gobierno Departamental y las gerencias de los hospitales de nivel II del Tolima y del Federico Lleras Acosta, buscarán que las entidades de salud les paguen los cerca de $600 mil millones de pesos que les adeudan por servicios prestados, incluso desde hace varios años.
Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
Comunicado a la Opinión Pública
La revelación la hizo, en la mañana de este miércoles, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz: “Hemos venido haciendo una tarea muy juiciosa con la Secretaría de Salud; solo al hospital Federico Lleras, las diferentes EPS, le deben más de $210 mil millones en cartera”.
La gobernadora lamentó esta situación a la que calificó preocupante. “Ha sido bastante difícil este año. Así pasa con los demás hospitales; hay algunos que tengo en este momento en alerta roja, porque no les han girado ya hace dos meses y se empezaron a gastar los ahorros que tenían”, detalló.
Luego, Adriana Matiz reconoció que si bien es cierto les están girando algunos recursos, estos son insuficientes para garantizar la prestación de los servicios y el mismo sostenimiento de los hospitales: “Nos están haciendo giros del 70%, del 80%, de lo que facturamos, sin que se nos reconozcan las deudas que venían de años anteriores y eso obviamente que entra a causar un traumatismo muy grande en la prestación del servicio a los diferentes hospitales que tenemos en el departamento”.
La jefe de la Administración Seccional reveló que la cartera con los hospitales del Departamento supera los $600 mil millones y que, en virtud, a esas preocupaciones, en conjunto con los gerentes tomaron la decisión de impetrar las acciones jurídicas correspondientes.
“Estamos trabajando en esa acción popular que vamos a presentar desde el Gobierno Departamental para lograr hacer efectivos estos recursos. Afortunadamente, acá en el hospital vamos al día con tema de salarios de todo el personal; que es una preocupación muy grande que cada mes tenemos. Después del día 20 empiezo a llamar aquí a Paola, a preguntarle a la gerente, cómo vamos con el recaudo porque lo primero es la gente y también quienes nos están prestando el servicio”, concluyó Matiz.
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Ambos investigados fueron imputados por acceso carnal violento; una de las víctimas es menor de edad.
Dos hombres fueron enviados a la cárcel por decisión de jueces de control de garantías en Ibagué, tras ser imputados por delitos sexuales y de violencia intrafamiliar ocurridos en Tolima, en hechos que involucran a dos mujeres, una de ellas menor de edad.
La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento intramuros contra los presuntos agresores, quienes no aceptaron los cargos. Los hechos, que fueron investigados por unidades del CTI con apoyo del Ejército Nacional y la Policía, se presentaron entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
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El primer caso se registró el 27 de diciembre de 2023 cerca del cementerio San Bonifacio, en Ibagué. Una menor de edad fue abordada por un hombre que presuntamente la amenazó con un cuchillo, le robó sus pertenencias y posteriormente la agredió sexualmente. El señalado fue identificado como Camilo Ureña, a quien un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.
El segundo caso ocurrió el 16 de enero de 2024, en el interior de una vivienda. Según la investigación, un hombre habría obligado a su esposa a mantener relaciones sexuales bajo amenaza con un arma de fuego. Además, se le atribuye una agresión física contra su hijo, ocurrida en febrero, que le causó una incapacidad médica de ocho días. Este hombre fue imputado por los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar.
Ambos procesados fueron enviados a centros carcelarios mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades reiteraron que estos casos forman parte del esfuerzo institucional por judicializar con prontitud hechos que atentan contra la integridad física y sexual de las personas.
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