Realizan evacuación inmediata en alrededores del nevado del Ruiz
La UNGRD hizo la recomendación a los gobernadores, alcaldes, entidades, consejos municipales y departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres del área de influencia por amenaza alta, media y baja del volcán.
Continuando con las acciones de preparación para la respuesta que vienen desarrollando las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) ante el nivel de actividad naranja en el Volcán Nevado del Ruiz (VNR), informado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) el pasado 30 de marzo del 2023, y con base en el Puesto de Mando Unificado Nacional en conexión con los departamentos del área de influencia por amenaza alta, media y baja del VNR del pasado 24 y 27 de abril de 2023, donde el SGC continúa reportando sobre la actividad del volcán, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), emite las siguientes recomendaciones enfocadas en esta ocasión en las zonas que se encuentran ubicadas dentro del perímetro de 15Km desde el cráter principal del Volcán y los municipios en amenaza por flujos de lava (Lahares)
Teniendo en cuenta que cuando ocurre una erupción volcánica se presentan diferentes tipos de fenómenos, la UNGRD convocó a las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con conocimiento científico sobre los volcanes diferenciando estos fenómenos volcánicos de acuerdo con la severidad, las velocidades y los tiempos de desplazamiento de cada uno de ellos, para de esta manera precisar las acciones necesarias en el marco de la situación actual.
Es así como se definió que las comunidades ubicadas en las zonas con amenaza ALTA y dentro de un perímetro entre 0 y 15 Km contados desde el cráter Arenas, tendrían un tiempo de evacuación aproximadamente menor a una hora. Por ello, se recomienda una evacuación inmediata, entendiendo que allí no se dispondría de un tiempo suficiente para desplazarse de forma segura en el curso de la erupción, y estamos a tiempo para que estas comunidades se logren ubicar en los lugares seleccionados por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, como albergues y lugares de alojamiento donde se brindarán todas las garantías para su estadía y se llevarán a cabo acciones educativas sobre el comportamiento de la actividad volcánica y el rol proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres.
A continuación, se mencionan las veredas que hacen parte de dicho perímetro a evacuar, teniendo presente que, en algunos casos, no involucra a toda la vereda sino aquellos sectores localizados en amenaza alta de acuerdo con el mapa del Servicio Geológico Colombiano y que están dentro del perímetro de 15KM:
En el Tolima: Casabianca: veredas La Palma, Potreros, Aguas Calientes y Mesetas.
Villahermosa: Entrevalles, Betulia y Samaria.
Murillo: La Cabaña, El Oso, Río Azul, Las Lagunas, La Esperanza, Alfómbrales, La Estrella, La Cascada, Las Novillas, Sabana Larga, Santa Bárbara y El Rocío.
En Caldas: Villamaría: La Laguna, Termales, Romeral, Montaño, La Laguna Alta, Romeral, Playa Larga, El Páramo y Potosí.
En Risaralda: Santa Rosa de Cabal: Páramo de Santa Rosa.
Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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