¿Quién ingresa los celulares para que extorsionen desde la cárcel de Picaleña?
Video: Operativos al interior de la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Suministrado. Tolima7Días
El gaula de la Policía allanó el patio 32 en Coiba de Picaleña. Incautaron celulares, armas cortopunzantes y otros elementos en las 69 celdas allanadas.
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Por: Oficina de prensa de la policía metropolitana de Ibagué
La Policía Nacional continúa realizando operativos para contrarrestar las redes de extorsión carcelaria y fortalecer las investigaciones en curso.
La Policía Nacional, en su continuo esfuerzo por combatir la extorsión y las estafas carcelarias, realizó un operativo en el complejo penitenciario y carcelario Coiba Picaleña. Este operativo se llevó a cabo en colaboración con el grupo GAULA, la Fiscalía General de la Nación y unidades de Policía Judicial del INPEC.
El operativo se enfocó en el bloque 5, Pabellón 32, con el objetivo de localizar y recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física (EMP y EF) que permitan contrarrestar la extorsión.
En total, se allanaron y registraron 69 celdas, donde se encontraron:
8 Celulares
20 Sim Cards
30 accesorios para celular
20 armas cortopunzantes.
Estos elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada, como parte de las investigaciones en curso contra diversas modalidades de extorsión y estafa carcelaria.
El Coronel Diego Edixon Mora Muñoz declaró: "Esta ofensiva contra la extorsión continuará en toda la ciudad, mediante la campaña de prevención denominada 'Yo no pago, Yo denuncio'. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 165 del Gaula de la Policía, seguiremos incrementando las campañas de prevención y los operativos para combatir estos delitos".
Tolima7Días Sabe lo que dice
Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
Tolima7dias.com.co Sabe lo que dice.
