A la cárcel supuestos brujos que estarían extorsionando a sus clientes en Ibagué. Usaban el señuelo de la santería para atraer a las víctimas. Luego les habrían exigido dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o revelar intimidades.
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Por: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Tolima7Días
Un fiscal Gaula de la Seccional Tolima logró la judicialización de tres personas señaladas como presuntos responsables del delito de extorsión.
Al parecer se hacían pasar por brujos para ofrecerles a sus víctimas servicios de santería, pero finalmente les exigirían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.
Se trata de José Luis Cortés Chaguendo, Óscar Andrés Becerra y Anyi Vanessa Mamian Ruales, quienes fueron imputados por los delitos de extorsión agravada, cargo que no aceptaron.
Estas personas usaban las redes sociales para atraer clientes interesados en sus supuestos servicios, para presuntamente amenazarlos después, igual que a sus familias si no accedían a sus exigencias económicas.
Información recolectada por los investigadores da cuenta que las personas afectadas pagaban entre 5 y 13 millones de pesos para evitar que expusieran en redes sociales contenido privado de las denominadas sesiones de brujería.
Los capturados estarían encargados de realizar los retiros que les enviaban producto de la extorsión en varias entidades bancarias reconocidas del país, y de llevar balances financieros de la estructura delictiva.
Esta información se hace pública por razones de interés general.
Tolima7Días Sabe lo que Dice
Ciudadanos de Ibagué reaccionaron a las declaraciones del secretario general, Kevin Castañeda, quien afirmó que la población no valora la gestión de la actual administración. Las respuestas se dieron en distintos espacios de opinión, donde se cuestionaron tanto las afirmaciones como los resultados visibles en la ciudad, especialmente en temas como la malla vial.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Las palabras del funcionario generaron una ola de rechazo entre algunos sectores de la ciudadanía, que consideran que los problemas estructurales persisten y no han sido resueltos en su totalidad. Entre las críticas más reiteradas está el deterioro de la infraestructura vial, un tema que, según varios ciudadanos, refleja decisiones acumuladas de administraciones pasadas y limitaciones en la ejecución actual.
Algunas voces señalaron que parte de las obras realizadas han sido financiadas con recursos del presupuesto nacional, lo que ha abierto un debate sobre el alcance real de la gestión local. “Se han acumulado necesidades en la malla vial y muchas de las soluciones no corresponden únicamente a la administración actual”, expresó uno de los ciudadanos consultados.
El episodio también evidenció una tensión recurrente en la construcción de opinión pública: mientras desde la administración se insiste en la existencia de avances, sectores ciudadanos consideran que estos no son proporcionales a la magnitud de los problemas. Esta diferencia de percepciones ha derivado en un escenario donde conviven la crítica constante y el reconocimiento parcial, sin que se consolide una evaluación compartida.
El debate continúa abierto en la ciudad, en medio de cuestionamientos sobre cómo medir los avances y responder a las demandas acumuladas de la población.
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