Condenada exdefensora de familia por omitir sus funciones en caso de maltrato de menores en una fundación de Ibagué. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez condenara a Kelly Tatiana Vergara Ramírez 2 años y 8 meses de prisión, por hechos ocurridos entre abril y mayo de 2017 cuando esta mujer se desempeñaba como defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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Por: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Tolima7Días
Para esa época, Vergara Ramírez tenía a cargo el seguimiento al restablecimiento de los derechos de dos menores internos en una fundación de Ibagué, donde se atendía población con discapacidad, y donde se comprobó que varios niños fueron víctimas de crueles tratos.
Se demostró que la servidora pública omitió un acto propio de su cargo que consistía en "adelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas, los y las adolescentes, cuando tuvieran información sobre vulneración o amenaza".
En varias oportunidades fue informada la entonces defensora de lo que ocurría dentro de dicha fundación, solicitándole abogados y familiares de las víctimas que actuara para impedir esas prácticas. Sin embargo, Vergara Ramírez nunca lo hizo, siendo su función legal y constitucional.
Labores investigativas adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Tolima, evidenciaron que varias personas que trabajaban en la fundación sometían a por lo menos 40 menores de edad con discapacidad y condiciones especiales, a toda clase de maltratos crueles e inhumanos.
La exdefensora fue condenada por ser responsable del delito de prevaricato por omisión. La pena deberá cumplirla en centro carcelario.
El juez también la condenó a pagar una multa de 13,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La Fiscalía General de la Nación solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá una audiencia de imputación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por presunto prevaricato por acción, tras su participación en decisiones adoptadas durante el proceso de licitación para el suministro y distribución de pasaportes, medidas que según el ente investigador habrían sido contrarias a la ley.
La petición del ente acusador busca imputar a Leyva por concurso homogéneo del delito de prevaricato por acción. De acuerdo con el expediente, el exministro habría firmado varios actos administrativos que no se ajustaban al marco jurídico vigente durante el proceso contractual relacionado con pasaportes y etiquetas de visa.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Esta nueva actuación judicial se suma a los antecedentes disciplinarios que enfrenta el exfuncionario. En noviembre de 2024, la Procuraduría General confirmó una sanción de destitución e inhabilidad por 10 años, al concluir que la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes en 2023 desconoció los principios rectores de la contratación pública. Según ese fallo, la medida “careció de fundamento legal” y no garantizó un proceso de selección objetivo.
El Ministerio Público también señaló que el único proponente, la empresa Thomas Greg & Sons, cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. No obstante, la licitación fue declarada fallida, situación que produjo retrasos en la expedición de pasaportes y expuso fallas de planeación en el procedimiento.
El Tribunal Superior de Bogotá deberá fijar fecha para la audiencia de imputación, en la que Leyva podrá responder ante la justicia penal por los señalamientos en su contra.
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