A nuestros lectores: Comunicado a la opinión pública
De acuerdo a los últimos acontecimientos y luego de un largo silencio en redes y a través de nuestro portal digital nos permitimos comunicar a nuestro lectores lo siguiente:
El pasado 31 de enero del año 2023 nuestro portal digital Tolima 7 días publicó una noticia donde relacionaba presuntamente al Secretario General de la Universidad del Tolima en una conducta bastante cuestionable donde según denuncias hecha por estudiantes de esta alma mater se habría presuntamente filtrado datos sensibles de los mismos en unas mesas técnicas que se realizaron de manera virtual en el año 2021 con los dirigentes de estos estamentos estudiantiles entre esas organizaciones estaban presentes dos como lo son la FEU y la CEUT.
Bajo la misma premisa advertimos que esta conducta del secretario general se habría presentado por "un error" de digitación donde según el mismo funcionario alegó que esto se debió a que en su base de datos de correos electrónicos se encontraba reposando un correo electrónico que hace parte del dispensario de Sanidad del Ejercito Nacional, por lo que según el mismos secretario en su lánguida defensa argumenta que esto fue un error humano y que no hubo dolo o intención de enviar a este correo electrónico la citación de las mesas, siendo poco consecuente con su defensa.
A partir de allí y recepcionada la denuncia nuestro equipo de investigación procede a enviar un derecho de petición solicitando al mismo secretario la ampliación de dicha información siendo esto una forma de hacer equilibrio de la información, este derecho fue enviado el día 16 de diciembre del año 2022, hasta donde la fecha de publicada la noticia este nunca fue contestado.
Luego de publicada la denuncia donde hacemos nuevamente hincapíe de que la conducta de secretario general es un presunto error, damos la obviamente para realizar el equilibrio de la información la oportunidad de RÉPLICA para que el mismo secretario haga sus descargos sobre la denuncia a la cual presuntamente se le vincula (ver articulo de la replica) por lo cual la misma Universidad del Tolima una vez dada la replica, a través de sus redes sociales hace la claridad de que la información fue aclarada.
A pesar de ya haber escuchado y dado voz a las dos partes implicadas el Secretario General decide NO ACEPTAR, la réplica dada ya que según el mismo argumenta que esta denuncia había sido un mandado político, pues la denuncia que hacemos es tan seria y fundamentada que esta llega a oídos del gobierno nacional, más exactamente a oídos de la Consejera Presidencial para las Juventudes Gabriela Posso, donde la misma funcionaria hace un "llamado a que las autoridades competentes INVESTIGUEN LOS HECHOS", en ningún momento la señora consejera nos da insumos, modifica o tergiversa la información que publicamos el día 31 de enero del año 2023, la consejera se limita a hacer el llamado a través de sus redes sociales personales (no institucionales)
Mediante prácticas leguleyas y no respetando los términos y tiempos esperados sobre la ley para poder realizar una rectificación formal sobre los hechos, el señor Secretario General decide denunciar mediante tutela a nuestro medio de comunicación en un tiempo récord (casi exactamente 8 días y no 15 días hábliles como la ley lo solicita) ante el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Ibagué donde argumenta que se le vulneran los derechos a la honra y buen nombre , cosa que carece de total veracidad y es falsa, ya que tal es la precaución de nuestro medio de comunicación que califica los hechos como presuntos, y no dan por hecho que estos hayan sido realizados con dolo o intención, también nuestro medio solicita mediante DERECHO DE PETICIÓN ampliar la información un mes antes de ser publicada y luego de publicada la misma denuncia da una RÉPLICA para que el mismo secretario general haga sus descargos.
El fallo que da el Juzgado tercero Civil de Circuito carece de total lógica y deja entrever un presunto delito de prevaricato, pues no fueron tenidas en cuenta las pruebas enviadas en la contestación de la tutela, y desestima por completo lo que argumentamos en defensa de la denuncia realizada por los estudiantes, tal es la mala praxis del juez Tercero Civil de Circuito de Ibagué que decide vincular en este fallo a la Consejera Presidencial Para las Juventudes Gabriela Posso sin notificarla a tiempo por lo que este fallo en segunda instancia luego de impugnar la primera instancia fue declarado como IMPROCEDENTE por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL DE FAMILIA.
Luego de ser devueltas a la providencia de inicio de este fallo, el Juez Tercero Civil de Circuito tampoco estima lo argumentado por la Consejera Presidencial para las Juventudes, donde nuevamente cae en la práctica de presunto prevaricato, dando un fallo considerado por las partes demandadas como absurdo y sin ningún argumento ni sustento jurídico que sostenga este fallo.
La prevaricación en su significado etimológico deriva del verbo latino prevaricare que quiere decir desviarse del camino recto o caminar torcido; el prevaricato como tipo penal se refiere a la manifestación injusta o contraria a la ley, proferida por un servidor público en ejercicio de sus funciones y abusando de su poder
También debemos destacar que luego de haber publicado la denuncia nuestro equipo periodístico y nuestro director han sido víctimas de persecución jurídica, económica y social, jurídica porque es impresentable que se de un fallo de manera tan arbitraria sin investigar los hechos de fondo, se habla de datos sensibles, de nombres y de representantes estudiantiles que piden y solicitan que se cumplan acuerdos que hasta el momento no se han realizado, económica porque se nos fue cerrada varias acuerdos contractuales en donde nos enteramos que la Universidad del Tolima y el Juez Tercero Civil de Circuito movió influencias para que varias empresas dejaran de pautarnos, por lo que fue difícil poder realizar una recuperación económica de nuestro equipo y de nuestro proyecto periodístico y social porque nuestro director a través de redes sociales mencionó ser victima de persecuciones luego de salir de la sala de redacción donde comentó que una camioneta gris lo perseguía a altas horas de la noche, hasta el momento desconocemos si estos hechos tengan alguna relacion con lo denunciado o si son hechos aislados a este caso.
Por lo consiguiente a lo ya antes mencionado antes nos permitimos manifestar:
- No tenemos padrinos políticos, no nos interesa tenerlos y no mantenemos relación alguna, ni laboral ni personal con ninguno en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué y en el país.
- No conocemos ni hemos tenido contacto con la Consejera presidencial para las Juventudes, Gabriela Posso, por lo que no es consecuente decir que esta investigación es un mandado político.
- Es claro que lo fallado por el Juez Tercero Civil de Circuito de Ibagué es una clara censura y atentado a la la libertad de prensa y expresión por lo que hacemos un llamado a la Fundación para la Libertad de Prensa a hacer un llamado para proteger nuestro derecho a la libertad de prensa emanado en el artículo 20 de la Constitución política de Colombia.
- Hemos decidido elevar una queja ante la Fiscalía General de la Nación - Sede Bogotá frente a lo fallado el día 17 de abril del año 2023 por el Juez Tercero Civil del circuito por una presunta conducta de prevaricato, ya que analizamos con nuestros abogados que lo fallado no tiene ningún argumento jurídico que sustente tan absurdo fallo.
- Negar las pretensiones ante lo fallado por el Juez Civil de Circuito de Ibagué el día 17 de abril del año 2023 por lo ya argumentado en este comunicado y hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia a que se investiguen estos hechos.
Cordial saludo, Diario Tolima 7 días.
FOMAG rompe contrato de 36 años y genera expectativa entre maestros
La terminación del contrato con Fiduprevisora dará paso a una transición de hasta dos años, durante la cual deberán mantenerse los servicios médicos, la entrega de medicamentos y las prestaciones económicas de los docentes.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Después de 36 años de relación contractual, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no renovar el acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S. A. para la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La determinación, anunciada el viernes 30 de octubre, se produce en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de salud de los docentes y dará paso a un proceso de transición a partir del 1 de noviembre.
La medida fue comunicada durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG y corresponde al Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, cuya vigencia finaliza este sábado 31 de octubre.
El cambio abre interrogantes sobre el futuro de la atención médica de los maestros y sus familias, especialmente frente a la continuidad de tratamientos, el suministro de medicamentos y el reconocimiento de prestaciones económicas.
Según el Ministerio de Educación, la decisión estuvo precedida por evaluaciones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, además de informes de supervisión, hallazgos de organismos de control y recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, así como de representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
El periodo de transición tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Durante ese tiempo se revisarán las condiciones administrativas, financieras y operativas del fondo para establecer los ajustes necesarios en su funcionamiento.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sostuvo que la determinación responde a las dificultades documentadas en la ejecución del contrato y señaló que el proceso deberá desarrollarse sin desconocer los derechos adquiridos por los docentes.
"No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias", manifestó la funcionaria, quien también indicó que el Ejecutivo deberá presentar resultados y rendir cuentas sobre los asuntos pendientes.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió que las dificultades administrativas no deben trasladarse a los afiliados. "Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas", afirmó.
A estas declaraciones se sumó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien señaló la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia, seguimiento y control sobre los recursos destinados a financiar la atención sanitaria del magisterio.
La transición también se desarrollará bajo la vigilancia de los organismos de control. El pasado 22 de octubre, la Procuraduría General de la Nación había emitido una alerta preventiva por el vencimiento del contrato fiduciario y la necesidad de gestionar aproximadamente $1,8 billones adicionales para financiar el componente de salud durante el resto de 2026.
Ante ese panorama, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que permita mantener la operación durante el cambio contractual. Asimismo, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud ejercer especial vigilancia sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), con el propósito de prevenir interrupciones en la atención.
Las autoridades nacionales han señalado que la finalización del acuerdo no debe afectar los tratamientos en curso, la entrega de medicamentos ni los trámites y pagos correspondientes a las prestaciones económicas.
Sin embargo, la continuidad efectiva de estos servicios será uno de los principales aspectos por verificar desde el 1 de noviembre, cuando comience oficialmente la transición.
La decisión marca el cierre de un contrato suscrito en 1990 y abre una etapa de reorganización del FOMAG, cuyo desarrollo estará condicionado por la capacidad de mantener la atención a los docentes y sus beneficiarios mientras se implementan los cambios anunciados.
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