A la cárcel hombre que quería hacer pasar "homicidio" por suicidio
El pasado domingo 16 de octubre, en el municipio de Fresno (Tolima), un hombre que se identificó como Gustavo Adolfo Niño Silva, de 30 años de edad, se comunicó con las autoridades porque había encontrado a su compañera sentimental, que acaba de alcanzar la mayoría de edad, suspendida y sin vida en uno de los cuartos de la vivienda en la que residían, en zona rural de esa población tolimense.
Sin embargo, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Grupo de Vida y de la seccional de la Fiscalía en ese departamento encontraron una inconsistencia sobre la versión de Niño Silva que les permitió establecer, en un trabajo que llevaron a cabo en tiempo récord que les tomó 72 horas, que realmente se trató de un feminicidio que el señalado del crimen pretendía ocultar.
“Desde el momento en que fue hallada sin vida la mujer, se iniciaron las actividades investigativas tendientes a esclarecer lo ocurrido, que de manera inicial apuntaba a que, al parecer, sería un suicidio, pero que se abordó con la óptica de un feminicidio”, informaron en el ente acusador.
Y es que el primer indicio que generó la suspicacia ante lo ocurrido fue que el hombre fue el primero que encontró a la joven sin vida, luego de que, supuestamente, regresara de la tienda y la encontrara colgada, por lo que al verla así decidió bajarla y recostarla en la cama, cuando la víctima ya estaba sin signo vitales.
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Por otro lado, en las indagaciones que realizaron los investigadores, encontraron que la pareja tenía antecedentes por violencia intrafamiliar.
“Luego de varias entrevistas, declaraciones juradas, registros de minuta en la Estación de Policía, entre otras informaciones recolectadas, se logró evidenciar que la mujer venía siendo sometida a un ciclo de violencia”, explicaron en el organismo investigador.
Sin embargo, el elemento probatorio, crucial en esa investigación, que permitió establecer la responsabilidad de Niño Silva en el crimen fueron unos mensajes de la joven en Whatsapp, donde aparentemente ella expresaba su deseo de quitarse la vida.
“Se logró evidenciar además que del teléfono de la joven salieron mensajes donde indicaba que se iba a suicidar, horas después de que los forenses decretaran su muerte, siendo el detenido la única persona que tuvo acceso al aparato celular”, indicaron en la Fiscalía.
Todos este material le permitió a los investigadores determinar que se trató de un feminicidio que perpetró el compañero sentimental de la víctima, por lo que le expidieron una orden de captura que las autoridades hicieron efectiva el pasado viernes 21 de octubre por los delitos de feminicidio agravado, destrucción, ocultamiento o alteración de elementos materiales probatorios y evidencia física.
“Durante las audiencias llevadas a cabo este fin de semana ante un juez con funciones de control de garantías de Fresno, el capturado no aceptó cargos (...) Permanecerá detenido en centro de reclusión como medida de aseguramiento preventiva”, agregaron en el ente acusador.
De acuerdo con un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), en el que citan cifras de la Fiscalía, entre enero y julio de 2022 se reportaron 194 feminicidios en el país.
Mientras que la Fundación Feminicidios Colombia da cuenta de que en el primer semestre de este año se registraron 130 de estos crímenes por razón de género, lo que significaría un descenso en la cifra del 39 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2021, cuando se reportaron 169.
Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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