Capturado por lesiones personales. Hombre de 32 años agredió a un conductor de servicio público. Durante procedimiento policial se incautó un elemento contundente tipo escobilla artesanal para limpiar vidrios, el cual fue utilizado para lesionar a un hombre.
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Por: Oficina de prensa de la policía metropolitana de Ibagué. Tolima7dias.com.co
Uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué durante las actividades de patrullaje fueron alertados por el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123 por medio de la central de radio, sobre un hecho de intolerancia en la Avenida Ferrocarril con calle 41 del barrio la Macarena, donde un conductor de servicio de público fue lesionado con un elemento contundente tipo escobilla artesanal para limpiar vidrios por un hombre de 32 años.
Este procedimiento fue atendido por personal de la zona de atención 13 del Cai Estadio, quienes al verificar la información procedieron a capturar al presunto agresor y posteriormente la víctima fue valorada en un hospital de la ciudad.
El elemento contundente y la persona capturada fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente por el presunto delito de lesiones personales.
El Mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante operativo de seguridad ciudadana encargado, expresó: “Desde las patrullas de vigilancia y policía comunitaria venimos concientizando a las personas que realizan las actividades conocidas como limpiavidrios sobre la importancia de generar una sana convivencia. Además, se han implementado controles como registros a personas e identificación. En esta oportunidad, queremos hacer un llamado a toda la comunidad para resolver los conflictos a través del diálogo, el respeto mutuo y el rechazo a cualquier tipo de violencia”.
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Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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