Capturados peligrosos fleteros de Ibagué, que robaban por todo el país
Asegurados dos presuntos integrantes de "los Caimanes' por hurto en la modalidad de fleteo en Ibagué. Los procesados estarían implicados en participación en fleteos ocurridos en diferentes ciudades del país.
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Por: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Tolima7dias.com.co
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre, y detención domiciliaria a una mujer, presuntamente responsables de tres hurtos ocurridos bajo la modalidad de fleteo. Los hechos ocurrieron entre mayo y agosto de 2023 en el Tolima.
La Fiscalía, a través de un despacho seccional adscrito a la unidad de Estructura de Apoyo -EDA- de Ibagué, les imputó los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones y; hurto calificado y agravado. Cargos que no fueron aceptados por los procesados.
César Alberto Pulido Castillo fue capturado en Barranquilla (Atlántico) y Nathalia Ramírez Agudelo, en Ibagué (Tolima). Los dos están siendo señalados de haber participado en tres hechos puntuales ocurridos en el Guamo, El Espinal y la capital tolimense, los días 19 y 26 de mayo, y el 11 de agosto del año pasado, respectivamente. Al parecer, los procesados hacían parte de la organización ilegal 'Los Caimanes'.
Según la investigación, luego de que las víctimas salían de entidades bancarias eran sorprendidas y despojadas de sus dineros. En total las personas afectadas perdieron 247 millones de pesos.
A la fecha ya han sido detenidas cinco personas por estos mismos hechos, sus procesos se encuentran en etapa de juicio.
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Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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