Policías retenidos por guardia campesina en San Vicente del Caguán fueron liberados
En los enfrentamientos entre la comunidad y las autoridades, un miembro de la Fuerza Pública y un manifestante murieron.
El jueves 2 de marzo fueron liberados los 78 uniformados de la Policía Nacional que habían sido retenidos por la guardia campesina en el sector de Los Pozos, San Vicente del Caguán.
A esta hora, un grupo de funcionarios de la Regional de Caquetá de la Defensoría del Pueblo se encuentran en la zona para verificar de primera mano la situación de los uniformados, abrir mesas de diálogo y buscar que se terminen las acciones violentas para establecer el control y la tranquilidad de la región.
La protesta de la comunidad de la zona, que lleva más de 40 días, es en reclamo de la pavimentación de 42 kilómetros de vías e inversiones en el sector de Los Pozos, ubicado en San Vicente del Caguán, donde opera la empresa petrolera Emerald Energy.
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La manifestación se tornó violenta en la madrugada del jueves 2 de febrero en medio de enfrentamientos entre los grupos indígenas y campesinos y los agentes antimotines de la policía.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró por medio de un comunicado que han hecho seguimiento a las protestas y en la madrugada se habría “lanzado bombas molotov y quemaron las instalaciones de la misma (petrolera), lo que causó enfrentamientos entre parte de la comunidad y las autoridades de policía y militares”.
“La guardia campesina ingresó a las instalaciones de Emerald Energy, donde desafortunadamente, se presentó una confrontación, donde lastimosamente una persona de la Policía perdió la vida y también falleció una persona de la comunidad campesina. Tenemos cuatro heridos. Esto nos llevó a instalar un PMU, con el Gobierno Nacional, para darle solución a esta situación”, afirmó el alcalde.
Frente a la posibilidad de injerencia, por parte de las disidencias de las Farc, el alcalde fue prudente y señaló: “No me quiero apresurar ante esto, prefiero que sean las autoridades competentes las que realicen las investigaciones pertinentes para dar claridad con esto. Serán ellos los que nos informen si los campesinos se dejar influenciar por este grupo delincuencial”.
Te Aunque se espera más información oficial respecto a la liberación de los uniformados, Carlos Camargo, en su comunicación previa a dicha noticia, advirtió que:
“Resulta lamentable que, en el marco de las protestas sociales, hayan dejado un policía y un campesino muertos, varios policías con restricción de la movilidad y varios heridos. Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos”.
El policía asesinado fue identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, de 39 años de edad, quien en el momento del ataque con arma blanca realizaba labores de contención de la protesta. Según afirmó la secretaria de Gobierno de San Vicente del Caguán, Sandra Rodríguez Pretelt, a Blu Radio, “el uniformado murió por una puñalada que recibió en el cuello, mientras que el deceso del campesino fue causado con arma de fuego”.
La institución notificó que Monroy era oriundo de Tunja, Boyacá y llevaba 14 años y 6 meses en la Policía Nacional y actualmente se desempeñaba como comandante escuadra dispositivo especializado de intervención. También se conoció que el uniformado dejó dos hijos, una niña de 9 años y un bebé de 3 meses de nacido.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas rechazó, en un comunicado, los actos de violencia en el campo petrolero y pidió preservar el derecho a la vida de los trabajadores de la empresa que aún se encuentran en el campo. Además, advirtió de que deben evitarse daños “ambientales irreparables” a causa de los incendios debido a que hay alrededor de 24.000 barriles de petróleo almacenados.
Incendios en Tolima ponen a Ibagué ante nuevos compromisos nacionales
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este jueves una serie de medidas para enfrentar los incendios forestales que afectan al Tolima, durante una reunión en la Escuela de Entrenamiento de la Policía de Colombia (CENOP), en San Luis, en la que participaron la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, autoridades departamentales, organismos de socorro y representantes de la Fuerza Pública.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La emergencia por las conflagraciones concentró buena parte del encuentro. Allí se planteó fortalecer la coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y buscar cooperación internacional para apoyar las labores de control y mitigación de los incendios.
Entre los anuncios está la creación de un plan especial de recompensas para obtener información que permita identificar y capturar a quienes estarían detrás de las conflagraciones. El Gobierno Nacional también anunció gestiones de cooperación con Chile y España, países que podrían aportar apoyo para atender la emergencia.
A estas medidas se suma la declaratoria de desastre en el departamento del Tolima, con la que se busca ampliar la capacidad institucional para responder a las afectaciones provocadas por los incendios.
Ayudas y seguridad para alcaldes
Durante la reunión también se planteó una campaña de recolección de ayudas para las familias afectadas. La meta anunciada es reunir 80 toneladas de donaciones que posteriormente serán destinadas a las comunidades damnificadas.
De acuerdo con la información entregada durante el encuentro, en Ibagué ya se han recolectado más de 200 toneladas de ayudas desde el inicio de la emergencia.
Otro de los asuntos abordados fue la seguridad de los alcaldes del departamento, algunos de los cuales han denunciado amenazas durante los últimos días. Frente a esta situación, se anunció la implementación de un plan de seguridad para reforzar su protección y permitirles continuar con sus funciones.
Para Ibagué, uno de los compromisos específicos está relacionado con el vehículo Unimog del Cuerpo Oficial de Bomberos, cuyo proceso de nacionalización será gestionado ante el Gobierno Nacional para facilitar su llegada a la ciudad y su eventual incorporación a las labores de atención de incendios.
También revisarán situación de la salud
La agenda incluyó además la situación de la Unidad de Salud de Ibagué (USI). Según lo planteado en la reunión, se revisará con el Ministerio de Salud y Protección Social la situación de la entidad y la posibilidad de que esta retorne a la Administración Municipal.
Asimismo, se buscará gestionar recursos del fondo destinado al sector salud para fortalecer la capacidad de respuesta ante la emergencia.
Los compromisos anunciados deberán avanzar ahora hacia su ejecución y coordinación entre las entidades nacionales, departamentales y municipales involucradas, mientras continúan las acciones para atender los incendios y sus efectos en el territorio.
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