Policías retenidos por guardia campesina en San Vicente del Caguán fueron liberados
En los enfrentamientos entre la comunidad y las autoridades, un miembro de la Fuerza Pública y un manifestante murieron.
El jueves 2 de marzo fueron liberados los 78 uniformados de la Policía Nacional que habían sido retenidos por la guardia campesina en el sector de Los Pozos, San Vicente del Caguán.
A esta hora, un grupo de funcionarios de la Regional de Caquetá de la Defensoría del Pueblo se encuentran en la zona para verificar de primera mano la situación de los uniformados, abrir mesas de diálogo y buscar que se terminen las acciones violentas para establecer el control y la tranquilidad de la región.
La protesta de la comunidad de la zona, que lleva más de 40 días, es en reclamo de la pavimentación de 42 kilómetros de vías e inversiones en el sector de Los Pozos, ubicado en San Vicente del Caguán, donde opera la empresa petrolera Emerald Energy.
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La manifestación se tornó violenta en la madrugada del jueves 2 de febrero en medio de enfrentamientos entre los grupos indígenas y campesinos y los agentes antimotines de la policía.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró por medio de un comunicado que han hecho seguimiento a las protestas y en la madrugada se habría “lanzado bombas molotov y quemaron las instalaciones de la misma (petrolera), lo que causó enfrentamientos entre parte de la comunidad y las autoridades de policía y militares”.
“La guardia campesina ingresó a las instalaciones de Emerald Energy, donde desafortunadamente, se presentó una confrontación, donde lastimosamente una persona de la Policía perdió la vida y también falleció una persona de la comunidad campesina. Tenemos cuatro heridos. Esto nos llevó a instalar un PMU, con el Gobierno Nacional, para darle solución a esta situación”, afirmó el alcalde.
Frente a la posibilidad de injerencia, por parte de las disidencias de las Farc, el alcalde fue prudente y señaló: “No me quiero apresurar ante esto, prefiero que sean las autoridades competentes las que realicen las investigaciones pertinentes para dar claridad con esto. Serán ellos los que nos informen si los campesinos se dejar influenciar por este grupo delincuencial”.
Te Aunque se espera más información oficial respecto a la liberación de los uniformados, Carlos Camargo, en su comunicación previa a dicha noticia, advirtió que:
“Resulta lamentable que, en el marco de las protestas sociales, hayan dejado un policía y un campesino muertos, varios policías con restricción de la movilidad y varios heridos. Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos”.
El policía asesinado fue identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, de 39 años de edad, quien en el momento del ataque con arma blanca realizaba labores de contención de la protesta. Según afirmó la secretaria de Gobierno de San Vicente del Caguán, Sandra Rodríguez Pretelt, a Blu Radio, “el uniformado murió por una puñalada que recibió en el cuello, mientras que el deceso del campesino fue causado con arma de fuego”.
La institución notificó que Monroy era oriundo de Tunja, Boyacá y llevaba 14 años y 6 meses en la Policía Nacional y actualmente se desempeñaba como comandante escuadra dispositivo especializado de intervención. También se conoció que el uniformado dejó dos hijos, una niña de 9 años y un bebé de 3 meses de nacido.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas rechazó, en un comunicado, los actos de violencia en el campo petrolero y pidió preservar el derecho a la vida de los trabajadores de la empresa que aún se encuentran en el campo. Además, advirtió de que deben evitarse daños “ambientales irreparables” a causa de los incendios debido a que hay alrededor de 24.000 barriles de petróleo almacenados.
“Nadie se ha robado el PAE en el Tolima”: gobernadora Matiz responde a Petro
La mandataria fue enfática en indicar que el Plan de Alimentación Escolar, PAE, se ejecuta en el departamento a través de licitación pública, tal como lo indica la Ley, y no con fundaciones ni fines políticos.
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Por: Oficina de prensa de la Gobernación del Tolima. Tolima7dias.com.co
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se pronunció tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en un acto público señaló presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento.
A través de su cuenta en X, la mandataria rechazó los señalamientos y defendió la gestión adelantada en el territorio:
“Señor presidente, en el Tolima actualmente atendemos a 85.988 niños y niñas con alimentación escolar, llegando a 1.564 sedes educativas, de las cuales 1.400 están en zonas de difícil acceso. Todos los días escolares entregamos 50.184 raciones en el área rural y 35.804 en el área urbana. Eso está soportado y documentado”, afirmó Matiz.
La gobernadora indicó que la contratación de operadores del PAE se ha realizado mediante licitación pública, bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993 y publicada en la plataforma Secop II, descartando la intervención de fundaciones o decisiones con fines políticos.
Asimismo, Matiz advirtió sobre la falta de recursos para garantizar el programa en el último trimestre del año:
“Desde el primero de octubre, las niñas y niños del Tolima se quedarían sin alimentación escolar si no se apropian más recursos. Por eso hemos buscado soluciones conjuntas con el Gobierno Nacional, porque este esfuerzo ha sido compartido entre la Nación y el departamento”, señaló.
La mandataria concluyó su mensaje pidiendo que el debate no se convierta en un escenario de confrontación política, y que por el contrario, se busquen soluciones conjuntas para garantizar derecho a la alimentación de miles de niños y niñas en el departamento.
“Solicito que este tema sensible no se convierta en un revanchismo mediático-político ni en acusaciones sin fundamento con cálculos electorales. Nadie se ha robado el PAE en el Tolima”, concluyó.
Con este pronunciamiento, la gobernadora Matiz reafirmó su compromiso con la transparencia en la ejecución del PAE y con la continuidad del programa para garantizar el derecho a la alimentación de miles de niños y niñas en el departamento.
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