5:00 am empieza el paro de taxis ¿Cómo será este paro en Ibagué?
La ola amarilla estará en varios puntos importantes de la ciudad de Ibagué, siendo un sector golpeado el transporte ilegal de motos y vehículos particulares.
A partir del 22 de febrero los taxistas de Ibagué se tomarán las calles como medida para exigir a las autoridades locales, mejores garantías y drásticas sanciones en contra del transporte ilegal que hay en la ciudad de Ibagué.
Sobre todo con los vehículos particulares que hacen más veces de transporte público de forma ilegal a través de plataformas digitales, lo mismo ocurre con el transporte ilegal de motos un fenómeno que se ve en calle y avenidas de Ibagué.
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José Adenis Rodríguez, Representante del Gremio de los Taxis, mencionó que los puntos de bloqueo serán Parque Deportivo, el Estadio Manuel Murillo Toro y el Centro de la Ciudad, incluso no descartan otros lugares de bloqueo total de vías.
“No dejaremos trabajar a los de las motos, ni a los de los vehículos, incluso a los mismos compañeros que van a trabajar. La idea es que nadie pueda movilizarse para que se tomen decisiones concretas en cuanto a nuestras peticiones”, dijo Ramírez.
Finalmente, las protestas van dirigidas para el presidente Gustavo Petro, y el mandatario local Andrés Fabián Hurtado, debido que han sido permisivos en no prohibir el uso ilegal del transporte tipo Uber y otras plataformas.
Fuente: La Otra Verdad
Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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