Imputan cargos a presidente de Medimás por desvios de dinero
La Fiscalía asegura que 7.105 millones de pesos, que debían utilizarse para garantizar el suministro de medicamentos, fueron desviados.
Fueron imputados ante un juez con función de control de garantías el expresidente de Medimás EPS – SAS, Néstor Orlando Arenas Fonseca; la contratista Mercedes Barrera Botía, y el propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonidas Olaya Forero, por presuntamente haber desviado ilegalmente 7.105 millones de pesos que debían destinarse a la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el entonces presidente de la EPS (Entidad Prestadora de Salud) habría direccionado dos contratos para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para estos pacientes.
Esos contratos fueron entregados presuntamente a la empresa de Barrera Botía, que había sido constituida 15 días antes, y que no contaba con la capacidad financiera, ni con la experiencia técnica, y tampoco tenía las pólizas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo acordado; además, su dirección de funcionamiento registrada era la misma de la sede de Medimás en Bogotá, según indicó la Fiscalía.
El ente acusador asegura que a pesar de estas irregularidades, la EPS le habría entregado a esta contratista un anticipo de 263.000 millones de pesos y habría utilizado 7.105 millones en varias actividades, como pagos de arriendos, distintas a las que estaban pactadas en el contrato, por medio de dos compañías de las que hacía parte Olaya Forero, que a su vez hace parte del consorcio que es propietario de Medimás.
Estos hechos le valieron a los acusados la imputación de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación, formulados por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Medimás, envuelta en escándalos
En septiembre pasado, la Contraloría General encontró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $8.633 millones en Medimás.
on esto, ordenó la apertura de una indagación preliminar por $842.449 millones desde el 1 de agosto de 2017 hasta el pasado 16 de marzo de 2022. Se evidenció irregularidades en la legalización de los anticipos causados desde hace cinco años, lo que trajo dudas sobre la administración, gestión y custodia de los recursos del sistema de salud.
De acuerdo el ente de control, la información que se conoció por el EPS en liquidación dieron evidencia de inconsistencias e inexactitudes de los soportes, específicamente las facturas que sustentan la prestación de servicios de salud (servicio, tecnología o medicamento). “Situación que constituyó una demostración del manejo irregular en la formalización de los anticipos objeto de fiscalización”, determinó la Controlaría.
Además, se detectó “debilidades en los mecanismos de control interno y de gestión contable en los procedimientos establecidos para el registro y control de los hechos económicos de Medimás EPS, e incumplimiento de las normas y orientaciones contables y financieras generales y del sector salud, circunstancias que conllevaron a una sobreestimación en los activos y una subestimación en los pasivos de la EPS, afectando así la confiabilidad y razonabilidad de la información contable generada en los Estados Financieros de Medimás EPS”.
“Se resalta que, la entidad desde la vigencia 2018, viene reconociendo deterioro por la posible pérdida de los recursos otorgados por concepto de anticipos equivalentes al 39% del saldo al cierre de este año, hasta alcanzar el 81% del saldo reportado a noviembre de 2021, a pesar de la disminución del deterioro reconocido en el 6% entre 2018 y 2021, circunstancia que denota una gestión ineficiente en la recuperación de estos recursos”, avisa la entidad.
Salida de familias Emberá marca cierre de retorno a Chocó
Un grupo de 13 familias de la comunidad Emberá Katío que permanecía en Ibagué iniciará este jueves 30 de abril su retorno al municipio de Bagadó, en el departamento del Chocó, en un proceso coordinado con la Unidad para las Víctimas, tras varios meses de permanencia en la ciudad y en medio de cuestionamientos sobre las condiciones del traslado.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El traslado de las familias se realizará luego de una jornada de diálogo desarrollada en el CAM de La Pola, donde se expusieron las condiciones logísticas del regreso y se resolvieron inquietudes planteadas por la comunidad. Durante el encuentro, cada núcleo familiar firmó actas de voluntariedad, documento que respalda la decisión individual de retornar a su territorio.
Este grupo representa el último contingente pendiente por salir de la ciudad, cerrando así el proceso de retorno de la comunidad Emberá Katío hacia Bagadó, su lugar de origen. Sin embargo, el procedimiento ha estado marcado por la necesidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad, acceso a servicios básicos y estabilidad en el territorio receptor.
“Este proceso se ha construido desde el respeto por la comunidad, escuchando sus necesidades y garantizando que tengan claridad sobre cada paso”, señaló Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario, durante el encuentro con las familias.
Una vez completado el desplazamiento, la Unidad para las Víctimas asumirá el seguimiento en territorio, en un contexto donde persisten retos estructurales para el restablecimiento integral de comunidades indígenas en zonas con limitaciones institucionales y condiciones sociales complejas.
El retorno de estas familias pone fin a su permanencia en Ibagué, mientras el foco se traslada ahora a las garantías reales que encontrarán en su lugar de destino.
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