Imputan cargos a presidente de Medimás por desvios de dinero
La Fiscalía asegura que 7.105 millones de pesos, que debían utilizarse para garantizar el suministro de medicamentos, fueron desviados.
Fueron imputados ante un juez con función de control de garantías el expresidente de Medimás EPS – SAS, Néstor Orlando Arenas Fonseca; la contratista Mercedes Barrera Botía, y el propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonidas Olaya Forero, por presuntamente haber desviado ilegalmente 7.105 millones de pesos que debían destinarse a la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el entonces presidente de la EPS (Entidad Prestadora de Salud) habría direccionado dos contratos para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para estos pacientes.
Esos contratos fueron entregados presuntamente a la empresa de Barrera Botía, que había sido constituida 15 días antes, y que no contaba con la capacidad financiera, ni con la experiencia técnica, y tampoco tenía las pólizas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo acordado; además, su dirección de funcionamiento registrada era la misma de la sede de Medimás en Bogotá, según indicó la Fiscalía.
El ente acusador asegura que a pesar de estas irregularidades, la EPS le habría entregado a esta contratista un anticipo de 263.000 millones de pesos y habría utilizado 7.105 millones en varias actividades, como pagos de arriendos, distintas a las que estaban pactadas en el contrato, por medio de dos compañías de las que hacía parte Olaya Forero, que a su vez hace parte del consorcio que es propietario de Medimás.
Estos hechos le valieron a los acusados la imputación de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación, formulados por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Medimás, envuelta en escándalos
En septiembre pasado, la Contraloría General encontró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $8.633 millones en Medimás.
on esto, ordenó la apertura de una indagación preliminar por $842.449 millones desde el 1 de agosto de 2017 hasta el pasado 16 de marzo de 2022. Se evidenció irregularidades en la legalización de los anticipos causados desde hace cinco años, lo que trajo dudas sobre la administración, gestión y custodia de los recursos del sistema de salud.
De acuerdo el ente de control, la información que se conoció por el EPS en liquidación dieron evidencia de inconsistencias e inexactitudes de los soportes, específicamente las facturas que sustentan la prestación de servicios de salud (servicio, tecnología o medicamento). “Situación que constituyó una demostración del manejo irregular en la formalización de los anticipos objeto de fiscalización”, determinó la Controlaría.
Además, se detectó “debilidades en los mecanismos de control interno y de gestión contable en los procedimientos establecidos para el registro y control de los hechos económicos de Medimás EPS, e incumplimiento de las normas y orientaciones contables y financieras generales y del sector salud, circunstancias que conllevaron a una sobreestimación en los activos y una subestimación en los pasivos de la EPS, afectando así la confiabilidad y razonabilidad de la información contable generada en los Estados Financieros de Medimás EPS”.
“Se resalta que, la entidad desde la vigencia 2018, viene reconociendo deterioro por la posible pérdida de los recursos otorgados por concepto de anticipos equivalentes al 39% del saldo al cierre de este año, hasta alcanzar el 81% del saldo reportado a noviembre de 2021, a pesar de la disminución del deterioro reconocido en el 6% entre 2018 y 2021, circunstancia que denota una gestión ineficiente en la recuperación de estos recursos”, avisa la entidad.
Reforma laboral se hunde: tensión al rojo vivo
El hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado profundiza la confrontación política entre el Congreso y el presidente Gustavo Petro.
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Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
El fracaso de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro como una apuesta por mejorar las condiciones laborales en el país, fue archivada por decisión mayoritaria de los senadores, desatando un fuerte cruce de declaraciones.
El presidente Petro, a través de la red social X, calificó la decisión como una traición al pueblo trabajador y cuestionó duramente a los congresistas que votaron en contra de la propuesta. “Se rompe el diálogo entre el Congreso y el gobierno del cambio”, advirtió el mandatario, dejando claro que la confrontación política entra en una nueva fase.
La reforma laboral pretendía corregir fenómenos como la tercerización, garantizar el pago de horas extras y dominicales, y reforzar la estabilidad en el empleo formal. Sin embargo, desde su planteamiento, generó un fuerte rechazo en sectores empresariales, gremios económicos y partidos de oposición, que la señalaron como una amenaza para la generación de empleo y la sostenibilidad empresarial.
No obstante, el debate alrededor de la reforma no se limitó a los aspectos técnicos. Desde el inicio, el proyecto fue víctima de una batalla política marcada por la falta de consensos y una creciente animadversión entre el presidente del Senado y el jefe de Estado. El senador Efraín Cepeda, una de las voces más críticas, ha liderado la oposición a las principales reformas del gobierno, intensificando el choque de poderes.
La situación se torna aún más compleja luego de que el presidente del Congreso denunciara públicamente al presidente Petro, alegando que sus trinos podrían poner en riesgo la seguridad de los senadores que votaron en contra. Mientras tanto, las centrales obreras y sectores juveniles ya anuncian movilizaciones en rechazo al hundimiento de la reforma, lo que podría trasladar la tensión institucional a las calles.
Ante este panorama, el presidente Petro planteó la posibilidad de una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas sociales, y llamó a la movilización ciudadana para presionar al Congreso.
Colombia entra así en un momento clave, donde la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo amenaza con paralizar la agenda política y aumentar la polarización. Un escenario incierto que podría definir el rumbo del gobierno y de las reformas sociales en el país.
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