Mañana se define la disputa con Nicaragua por el Mar de San Andrés
Nicaragua y Colombia han avanzado un paso más en el litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos).
Este lunes ha comenzado la instancia oral del proceso que Managua inició en 2013 para ampliar su plataforma continental. Las audiencias se extenderán hasta el viernes y serán transmitidas en directo por los canales de comunicación de las Naciones Unidas.
¿Cuáles son los antecedentes?
Colombia y Nicaragua firmaron en 1928 un tratado para terminar con disputas territoriales que databan de la época colonial. El documento estableció que el país andino tenía soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, en 1979, el Gobierno sandinista desconoció la validez del acuerdo porque fue realizado durante la ocupación estadounidense.
En 2001, Nicaragua llevó la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Fue la primera de tres demandas y se resolvió en 2012: el tribunal respaldó la soberanía de Colombia en el archipiélago, mientras que reconoció a Nicaragua una mayor extensión de zonas marítimas que las que ya tenía. Los cayos colombianos Quitasueño y Serrana se convirtieron en enclaves, rodeados por aguas nicaragüenses.
El país centroamericano realizó una nueva demanda en 2013 para denunciar el incumplimiento de la sentencia del año anterior. Acusó a Colombia de realizar actividades de pesca y patrullaje en territorio nicaragüense y de interrumpir las tareas de sus trabajadores. El país sudamericano respondió con una contrademanda por la decisión de Nicaragua de cambiar unilateralmente la forma en la que medía las 200 millas náuticas que le corresponden desde sus costas.
En abril de 2022, la CIJ dictó una sentencia que en su título declaraba que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua. El fallo exigió a Colombia “cesar inmediatamente” las actividades pesqueras en territorio nicaragüense, algo que celebró el Gobierno de Daniel Ortega.
No obstante, los expertos colombianos consultados matizan el resultado. Explican que la sentencia también estableció en su séptimo punto que las nuevas mediciones que realizó Managua no estaban en conformidad con el derecho internacional. Además, interpretan que la corte reconoció el derecho de Bogotá a una zona contigua que recupere la conexión con las islas de Quitasueño y Serrana, pese a que el fallo señala que un decreto de 2013 al respecto debe adecuarse al derecho internacional.
¿Cuál es la disputa actual?
Las audiencias que inician este lunes son parte de un tercer proceso que inició Nicaragua, también en 2013. El caso refiere a la delimitación de la plataforma continental del país centroamericano y no tiene relación con la decisión que tomó el tribunal en abril de este año respecto a la violación de la sentencia de 2012.
Nicaragua asegura que desde sus costas hay una prolongación natural ininterrumpida del continente que se extiende más allá de sus 200 millas náuticas. Argumenta que esto le da derecho a incrementar su plataforma, pese a que se superponga con las 200 millas náuticas que le corresponden a Colombia desde sus costas continentales. En el centro del reclamo están el gas y el petróleo del suelo marino.
Colombia alega que nunca ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reconoce las plataformas continentales. Nicaragua responde que sus reclamos también están reconocidos en el derecho consuetudinario, basado en costumbres legales de los Estados que se aceptan como obligatorias. Sin embargo, el país andino afirma que esto no es cierto, ya que el derecho consuetudinario refiere a principios generales y no a los tecnicismos de la delimitación de territorios.
¿Qué temas tratarán las audiencias?
La CIJ ha tomado la inusual decisión de limitar los asuntos que se tratarán en las audiencias. Solo analizará, de momento, dos temas estrictamente jurídicos. El primero refiere a si existe en el derecho consuetudinario una norma que aplique a la delimitación de plataformas continentales. El segundo aborda si se puede reconocer una plataforma que se solape con las 200 millas náuticas que le corresponden a otro país como parte de su zona económica exclusiva.
Las exclusiones de otros temas complican al país andino, según explican por teléfono expertos colombianos. Ha quedado fuera un análisis probatorio sobre si la plataforma nicaragüense realmente tiene la extensión que dice el país centroamericano. Además, la jurisdicción de la CIJ sobre la delimitación de una plataforma no está en discusión, ya que se decidió en 2016.
La resolución del tribunal se conocerá en los próximos meses. Una sentencia puede cerrar el caso, mientras que una providencia puede llevar el proceso a evaluar las consideraciones más técnicas.
¿Es posible un acuerdo político?
La CIJ consideró en su sentencia del pasado abril que ambos países deben llegar a un acuerdo para resolver sus disputas territoriales. Sin embargo, las posibilidades de que esto ocurra son limitadas.
Los analistas consultados enfatizan que es esencial que el Gobierno colombiano demuestre voluntad política de negociar. Coinciden en que el presidente, Gustavo Petro, tiene la oportunidad de cambiar el rumbo y diferenciarse del Gobierno de Iván Duque, que rechazó durante años cualquier tipo de diálogo con “una dictadura” como la de Daniel Ortega. Comentan que se han dado señales de acercamiento: Bogotá se abstuvo en agosto de condenar en la Organización de Estados Americanos (OEA) las violaciones de derechos humanos del país centroamericano y juramentó en octubre a un nuevo embajador en Managua.
Por otro lado, Colombia nunca ha tenido un clima político favorable a la negociación. Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, explica por teléfono que el país andino siempre resintió la decisión del sandinismo de reabrir la disputa en los años 70 y que ahora se suma la dificultad de dialogar con un régimen dictatorial como el de Ortega. Para él, todos los gobiernos han intentado evitar el tema y pasar “la pelota” a sus sucesores.
Nicaragua también ha dado señales contradictorias. Para Jaramillo, el Gobierno de Ortega está interesado en un acuerdo. Considera que el caso actual es más endeble jurídicamente que los otros y que está ligado a una estrategia para generar presión. “Enterrar a Colombia con demandas sirve para la negociación. La idea de Nicaragua es meterse en la agenda colombiana y no salir”, señala.
No obstante, Managua ha mantenido la distancia. “No pedimos nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta”, dijo en septiembre un portavoz nicaragüense. Históricamente, el país centroamericano ha privilegiado a la CIJ como parte esencial de su política exterior y no ha realizado acuerdos políticos posteriores a sus victorias judiciales.
Un analista nicaragüense que prefiere no ser citado por temor a represalias afirma por correo electrónico que su país no negociará sobre cuestiones jurídicas que ya han sido resueltas por la CIJ. Para él, cualquier punto de partida deberá reconocer los límites fijados en la sentencia de 2012. Esto, sin embargo, choca con la postura colombiana, que establece que solo un tratado internacional puede modificar las fronteras del país.
¿Cómo afecta la disputa al pueblo raizal?
La disputa impacta principalmente a los pescadores del pueblo raizal, de origen afrocaribeño y protestante. Esta comunidad ha expresado preocupación por los daños medioambientales que pueden producirse con la potencial explotación de recursos que Nicaragua haga en su plataforma continental. Además, han denunciado que los procesos anteriores han generado dificultades para pescar en zonas que históricamente les pertenecieron y que ahora están bajo la jurisdicción del país centroamericano.
El líder de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, Edgar Jay, lamenta por teléfono que la CIJ limite la participación a los Estados. Siente que los raizales han quedado relegados pese a ser una “nación”: “Colombia y Nicaragua son los que disputan un territorio que en realidad pertenece al pueblo raizal”.
Jay tiene expectativas con el nuevo Gobierno colombiano, pero critica que el nuevo equipo negociador sigue sin incluir a los pescadores. Exige que los trabajadores que representa sean parte del proceso y de potenciales diálogos con Nicaragua.
Fuente: Diario el país.
Reforma laboral se hunde: tensión al rojo vivo
El hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado profundiza la confrontación política entre el Congreso y el presidente Gustavo Petro.
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Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
El fracaso de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro como una apuesta por mejorar las condiciones laborales en el país, fue archivada por decisión mayoritaria de los senadores, desatando un fuerte cruce de declaraciones.
El presidente Petro, a través de la red social X, calificó la decisión como una traición al pueblo trabajador y cuestionó duramente a los congresistas que votaron en contra de la propuesta. “Se rompe el diálogo entre el Congreso y el gobierno del cambio”, advirtió el mandatario, dejando claro que la confrontación política entra en una nueva fase.
La reforma laboral pretendía corregir fenómenos como la tercerización, garantizar el pago de horas extras y dominicales, y reforzar la estabilidad en el empleo formal. Sin embargo, desde su planteamiento, generó un fuerte rechazo en sectores empresariales, gremios económicos y partidos de oposición, que la señalaron como una amenaza para la generación de empleo y la sostenibilidad empresarial.
No obstante, el debate alrededor de la reforma no se limitó a los aspectos técnicos. Desde el inicio, el proyecto fue víctima de una batalla política marcada por la falta de consensos y una creciente animadversión entre el presidente del Senado y el jefe de Estado. El senador Efraín Cepeda, una de las voces más críticas, ha liderado la oposición a las principales reformas del gobierno, intensificando el choque de poderes.
La situación se torna aún más compleja luego de que el presidente del Congreso denunciara públicamente al presidente Petro, alegando que sus trinos podrían poner en riesgo la seguridad de los senadores que votaron en contra. Mientras tanto, las centrales obreras y sectores juveniles ya anuncian movilizaciones en rechazo al hundimiento de la reforma, lo que podría trasladar la tensión institucional a las calles.
Ante este panorama, el presidente Petro planteó la posibilidad de una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas sociales, y llamó a la movilización ciudadana para presionar al Congreso.
Colombia entra así en un momento clave, donde la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo amenaza con paralizar la agenda política y aumentar la polarización. Un escenario incierto que podría definir el rumbo del gobierno y de las reformas sociales en el país.
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