3 disidentes FARC, se les han suspendido ordenes de captura ¿quienes son?
Uno de ellos es el segundo jefe del frente 33, con injerencia en Norte de Santander.
Este mediodía del domingo se publicó que la Fiscalía General suspendió las órdenes de captura, hasta con fines de extradición y por 15 días, de tres personas a las que el gobierno de Gustavo Petro reconoció "como miembros representantes del Estado Mayor Central de las Farc-Ep".
En esa línea, ellos serían los representantes de dicho Estado Mayor (disidencias) en la propuesta de 'paz total'.
El 30 de diciembre de 2022, la Presidencia de la República expidió la Resolución 343 de 2022 por la cual "se reconocen miembros representantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-Ep, (...) para los acercamientos exploratorios con el Gobierno nacional, y se dictan otras disposiciones".
Los reconocidos por el Gobierno son: Willinton Heano Gutiérrez, 'Olmedo', Carlos Eduardo García Téllez, 'Andrei', y Sandra Milena Niño Guerrero. Este diario consultó con fuentes de la Fuerza Pública quienes aseguraron que sobre la mujer no se conoce información relevante.
Otra es la situación de García Téllez, alias Andrei, a quien las autoridades señalan como segundo comandante del frente 33 de las disidencias y de ser la persona que estuvo tras el atentado en Cúcuta (junio de 2021), contra el helicóptero en que se transportaba el entonces presidente Iván Duque y su comitiva.
Andrei' estaría al frente de la organización en Norte de Santander, ya que Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, jefe del 33, de acuerdo con información de inteligencia, salió de la región y se refugia en territorio venezolano - huyendo de las autoridades - por la escalada terrorista que protagonizó, que incluyó la activación de un artefacto explosivo (marzo de 2022), en un CAI de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, que cobró la vida de dos niños: Daniel Steven Duque, de 12 años, e Ivanna Salomé Rangel Molina.
Sobre alias Olmedo se indica que también sería integrante del frente 33, cuya zona de injerencia es El Tarra, en Norte de Santander, donde se ubica la segunda mayor concentración de hectáreas sembradas con matas de coca, por lo que las autoridades señalan a este grupo de ser uno de los dinamizadores de la producción y tráfico de cocaína.
Aunque la Fiscalía no indicó cuáles son los delitos que se les imputa, por los antecedentes podrían estar señalados de concierto para delinquir, terrorismo y narcotráfico.
De acuerdo con el gobierno Petro los acercamientos con los "designados" de las disidencias se harán de manera privada y partirán del cese al fuego bilateral que decreto el Presidente y que incluye al Estado Mayor Central, grupo que no se acogió al proceso de paz que se adelantó con el gobierno de Juan Manuel Santos.
En la actualidad es Estado Mayor Central está al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco o Iván Losada, quien es la cabeza de la disidencia más grande del país, con unos 2.511 hombres en armas y 1.773 en las redes de apoyo, incluido el 'Comando Coordinador de Occidente'.
Fuente: Eltiempo.com
Fiscalía destapa presunta red por contratos de regalías
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto un presunto esquema de corrupción que habría desviado más de $3 billones mediante contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Trece personas fueron capturadas, señaladas de participar en el supuesto direccionamiento de cerca de 480 contratos ejecutados en 19 departamentos del país.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Según la investigación, la presunta red habría operado a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social 'Sierra Nevada', entidad que, al parecer, concentró la contratación de proyectos relacionados con infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, salud, deporte, energía, ambiente, gestión del riesgo y mejoramiento de vivienda rural, entre otros sectores financiados con recursos públicos.
Entre los capturados figuran el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y varios exdirectivos, supervisores y funcionarios vinculados al Fondo Mixto, quienes serán presentados ante un juez de control de garantías.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, el grupo investigado habría implementado un manual de contratación propio para adjudicar contratos y subcontratos a terceros e incluso a personas vinculadas con la misma organización, con el propósito de conservar el control sobre la ejecución de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
La investigación también señala que los procesos contractuales habrían sido respaldados con documentos, actas y registros presuntamente falsos, lo que, según el ente acusador, permitió inducir en error a distintas autoridades y evitar los mecanismos de control establecidos para la contratación pública.
Las capturas se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Durante la operación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) practicaron 15 diligencias de allanamiento y registro, incautaron equipos electrónicos y documentos considerados de interés para el proceso e hicieron seguimientos a los hoy capturados. En el operativo participaron 105 integrantes de la Policía Judicial.
En las próximas horas, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez para legalizar las detenciones, formular la imputación de cargos y solicitar medidas de aseguramiento.
La Fiscalía anunció que, de acuerdo con la presunta participación de cada procesado, imputará delitos como concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
El proceso judicial hace parte de las investigaciones priorizadas sobre el uso de los recursos del Sistema General de Regalías. Hasta el momento, las personas capturadas no han sido condenadas y su situación jurídica será definida en las audiencias correspondientes.
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