En el marco de la mesa de negociación para definir el reajuste del salario mínimo de 2023, las centrales de trabajadores confirmaron su propuesta de un aumento de 20% para el salario mínimo de 2023, y en la misma proporción para el subsidio de transporte.
La propuesta de los sindicatos busca que el aumento sea del 20%, es decir, el ingreso neto pasaría de $1.000.000 a $1.200.000, sin contar con el subsidio de transporte que de aprobarse este porcentaje sería de $140.607.
“Hoy las centrales sindicales presentamos la propuesta general nuestra y unificada, que es el 20%, acompañada de unos ingredientes adicionales, sobre todo la regulación de los precios de la canasta familiar, el tema de transporte, de los intereses bancarios, y los costos de la electricidad. Esa es nuestra propuesta”, aseguró Jhon Jairo Caicedo, presidente nacional de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
Para este año, la productividad que servirá de insumo para la concertación del mínimo es de 1,24%, mientras que la variación de la inflación a noviembre es de 12,53%, datos que están muy por debajo de la propuesta presentada por los sindicatos.
El hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado profundiza la confrontación política entre el Congreso y el presidente Gustavo Petro.
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Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
El fracaso de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro como una apuesta por mejorar las condiciones laborales en el país, fue archivada por decisión mayoritaria de los senadores, desatando un fuerte cruce de declaraciones.
El presidente Petro, a través de la red social X, calificó la decisión como una traición al pueblo trabajador y cuestionó duramente a los congresistas que votaron en contra de la propuesta. “Se rompe el diálogo entre el Congreso y el gobierno del cambio”, advirtió el mandatario, dejando claro que la confrontación política entra en una nueva fase.
La reforma laboral pretendía corregir fenómenos como la tercerización, garantizar el pago de horas extras y dominicales, y reforzar la estabilidad en el empleo formal. Sin embargo, desde su planteamiento, generó un fuerte rechazo en sectores empresariales, gremios económicos y partidos de oposición, que la señalaron como una amenaza para la generación de empleo y la sostenibilidad empresarial.
No obstante, el debate alrededor de la reforma no se limitó a los aspectos técnicos. Desde el inicio, el proyecto fue víctima de una batalla política marcada por la falta de consensos y una creciente animadversión entre el presidente del Senado y el jefe de Estado. El senador Efraín Cepeda, una de las voces más críticas, ha liderado la oposición a las principales reformas del gobierno, intensificando el choque de poderes.
La situación se torna aún más compleja luego de que el presidente del Congreso denunciara públicamente al presidente Petro, alegando que sus trinos podrían poner en riesgo la seguridad de los senadores que votaron en contra. Mientras tanto, las centrales obreras y sectores juveniles ya anuncian movilizaciones en rechazo al hundimiento de la reforma, lo que podría trasladar la tensión institucional a las calles.
Ante este panorama, el presidente Petro planteó la posibilidad de una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas sociales, y llamó a la movilización ciudadana para presionar al Congreso.
Colombia entra así en un momento clave, donde la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo amenaza con paralizar la agenda política y aumentar la polarización. Un escenario incierto que podría definir el rumbo del gobierno y de las reformas sociales en el país.
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