Lina María Quintero hace unas semanas fue víctima de una agresión por parte de una mujer que le lanzó excrementos a su negocio callejero de arepas. Este miércoles, 9 de noviembre, se conoció que fue encontrada por las autoridades empalada, luego de haber sido secuestrada y abusada sexualmente por sujetos en Villavicencio.
La estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Los Llanos le reveló a la revista Semana que varios hombres la secuestraron, la llevaron hasta un lugar abandonado, la agredieron y abusaron de ella. Según conoció el mismo medio, las autoridades la encontraron empalada.
“Yo iba a comprar el carbón para sacar la venta de las arepas del día siguiente, unos tipos me abordaron en mi carro, me hicieron conducir hacia un lugar oscuro sobre una carretera larga, ahí me agredieron y me abusaron sexualmente”, relató.
Además, que después la dejaron abandonada en medio de la nada, en donde las autoridades la encontraron de casualidad porque se percataron del vehículo que estaba abandonado en el lugar. Cuando se acercaron se encontraron con la joven en ese terrible estado.
“Los policías me encuentran con un palo con un preservativo en la vagina y en la boca tenía dos cuchillas con la que trabajan los barberos, así me encontraron”, relató la víctima.
Lina se encuentra internada en una clínica en donde recibe valoración médica. La familia interpuso la denuncia ante las autoridades.
“Rechazo esta situación que viví porque puede que no sea la única mujer que lo esté viviendo (...) en estos momentos estoy en la clínica, me van a hacer unos exámenes para evitar que no tenga ningún tipo de enfermedad y no haya pasado a mayores”, agregó la joven afectada.
Joven vendedora de arepas fue abusada sexualmente en Villavicencio
El alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, se pronunció ante el hecho y ofreció 10 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los responsables.
“Ofrecemos recompensa de 10 millones de pesos para dar captura al responsable. La familia ha pedido la mayor discreción. Pedimos respeto absoluto”, anunció el alcalde a través de su cuenta de Twitter.
Por: Julio César Montañez Roa, Abogado, Docente y candidato a Doctor en Filosofía del Derecho. Columnista invitado. tolima7dias.com.co
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Creo que el señor presidente electo Abelardo De La Espriella ya surtió el juicio más importante sobre la legitimidad de su elección. Se trató de un proceso muy complejo, un poco vago, impreciso, poco institucional, pero suficiente para considerar al procesado legítimo presidente de la república. No hay lugar a más cuestionamientos.
Las acusaciones fueron de todo tipo: morales, políticas, jurídicas, sociales, sexuales, internacionales y hasta gastronómicas. Le imputaron conductas de todos los tiempos: cuando niño, cuando estudiante y cuando abogado. Lo acusaron de matar gatos, abogado de mafiosos, defensor de paramilitares, estafador de estafadores, odiar personas por su condición sexual, maltratar mujeres, haber jurado lealtad a otros países y hasta odiar la changua y el ajiaco.
Gracias a los medios de comunicación oficiales y privados y a las redes sociales, la totalidad de las imputaciones fueron conocidas por la plenaria del jurado, es decir, todo el pueblo colombiano. El juicio fue amplio y suficiente: tanto los acusadores como el acusado y sus defensores, tuvieron la oportunidad de exponer, con buenos y malos argumentos, sus pruebas y sus razones. No hubo un solo votante que no hubiera conocido y discutido cada uno de estos cargos.
El fallo se produjo en dos instancias: la primera, es decir, la primera vuelta electoral, le dio la razón al doctor De La Espriella; la segunda, es decir, la segunda vuelta, volvió a darle la razón, aunque con menos solidez debido a elementos exógenos que afectaron la autonomía de algunos de los jurados. Asílas cosas, no hay ninguna razón para que ahora, cualquiera, con los mismos argumentos morales, jurídicos, políticos o de otro tipo, intente desconocer los fallos de primera y segunda instancia dictados el 31 de mayo y el 21 de junio pasados.
Pero nadie puede evitar que los abogados o los perdedores acudan a diferentes acciones judiciales, administrativas o de derecho internacional para evitar que el presidente se posesione o que ejerza el poder. Sin embargo, en sana razón, todos esos procesos deben estar sometidos a lo que los más reconocidos tratadistas del derecho y la política llaman Democracia Constitucional o Democracia Discursiva.
Según Rober Alexy, la democracia constitucional consiste en que el derecho es de doble naturaleza: contiene decisiones morales o críticas y decisiones fácticas o reales. Ambas son producto de un proceso discursivo que implica establecer primero las normas ideales que actúan como criterio rector y luego las normas reales, incluidas las sentencias, que sólo podrán ser las que resulten de un debate o discurso en el que participen todos, defendiendo sus respectivas posiciones morales, económicas, religiosas, políticas, personales, etc.
Pues bien, eso fue precisamente lo que ocurrió en Colombia: Un discurso, un debate, en el que todos los interesados participaron y se produjo un fallo. En consecuencia, no hay lugar a más procesos judiciales ni de ningún otro orden nacional o internacional. La oposición debería dejar de seguir acusando al presidente de todo lo que lo acusó antes de las elecciones porque esas sindicaciones, o fueron desvirtuadas por el hoy presidente o no fueron probadas por sus detractores o, habiendo sido probadas, el jurado supremo, el pueblo, no las consideró impedimento para ejercer la presidencia y por eso votó por él. Ya todo está decidido y la decisión fue producto de un proceso discursivo como el que ahora reclaman los más connotados constitucionalistas del mundo. Dedíquense en adelante a juzgar sus actos de gobierno porque para eso es la oposición.
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